LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
TÉCNICO AERONAÚTICO Y LA REARGENTINIZACIÓN
DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL
APTA, con la autoridad moral y sindical que
le confiere el haber sido el único
gremio que denunció sin claudicaciones,
durante los siete años de propiedad
y administración por parte de Air Comet
/ MARSANS de nuestra Línea Aérea
de Bandera y Austral el fraude contable, la
administración fraudulenta y el vaciamiento
sistemático y premeditado cometido
por su dueños Gonzalo PASCUAL, Gerardo
DÍAZ y Antonio MATA. Pública
y profusamente documentado en centenares de
comunicados, constantes y coherentes declaraciones,
regulares informes de situación; como
en notas privadas enviadas al ex Presidente
de la Nación Dr. Néstor KIRCHNER,
al Secretario de Transporte de la Nación
Ing. Ricardo JAIME, y la Presidenta de la
Comisión de Transporte de la Cámara
de Diputados, Diputada Zulema DAHER.
APTA puede resistir cualquier archivo histórico,
porque nunca ha sido ni cómplice del
silencio del robo y la destrucción
de Aerolíneas Argentinas y Austral,
ni aduladora y defensora interesada de sus
ladrones y destructores. Su irrenunciable
rol desde hace 18 años, ha sido el
de auditor y fiscal de quienes se adueñaron
ellas –la ex estatal española
IBERIA como el Grupo privado español
MARSANS- con el único fin de hacerlas
desaparecer despojándolas de todos
sus activos materiales (inmobiliarios, aeronáuticos)
como inmateriales (rutas y mercados) para
enriquecer su propio patrimonio y eliminarla
como competidora. Lo cual IBERIA pudo consumar
en 1997 con VIASA, la aerolínea insignia
venezolana a la cual quebró fraudulentamente
y luego, para victimizarse y exculparse, también
acusó a los gremios aeronáuticos
y al gobierno de Venezuela por tan trágico
final. Una evidente política del Estado
español para con las empresas aerocomerciales
latinoamericanas, comenzada por el gobierno
de Felipe GONZALEZ, seguida por el de José
María AZNAR y continuada hasta la fecha
por el de José Luís RODRIGUEZ
ZAPATERO.
Con la misma conducta institucional descripta,
sumada a la insoslayable necesidad social
de justicia y de defensa de los intereses
económicos nacionales, APTA formula
las siguientes consideraciones y propuestas
sobre el proyecto gubernamental de renacionalización
de Aerolíneas Argentinas y Austral.
Objetivos y Marco Regulatario y de Control
Estatal
Aerolíneas Argentinas y Austral, deben
volver a constituirse como la principal estructura
del transporte aerocomercial argentino, y
recuperar sus funciones como servicio público
indispensable para desarrollar la política
aerocomercial nacional, con el objetivo de
posibilitar nuestra comunicación e
integración territorial, el desarrollo
económico y social argentino, los servicios
sanitarios y asistenciales en todo el país,
la reactivación de la industria aeronáutica
nacional y, también contribuir en el
ejercicio efectivo de nuestra soberanía
aérea.
El Estado nacional, deberá dictar las
regulaciones aerocomerciales pertinentes para
hacer posible el cumplimiento de la funciones
como servicio público, que deban llevar
a cabo Aerolíneas Argentinas y Austral;
así como para asegurar la rentabilidad
y viabilidad del negocio aerocomercial en
nuestro país. Ejerciendo luego, el
debido contralor para verificar la correcta
observancia por parte de los operadores aéreos
de la normativa vigente.
Transferencia de acciones de Aerolíneas
Argentinas y Austral al Estado nacional
1) Durante el Período de Transición,
vigente hasta la fecha efectiva de traspaso
accionario, cualquier proyecto que pudiera
aprobarse, tanto del Poder Ejecutivo como
de la oposición, deberá garantizar
la permanencia en sus puestos de trabajo de
todos los trabajadores de Aerolíneas
Argentinas y Austral, reconociéndoles
la plena vigencia de los Convenios Colectivos
de Trabajo, (antigüedad, categoría
y demás derechos laborales adquiridos).
Como así también, la prestación
de los servicios aerocomerciales de carga
y pasajeros de cabotaje, regionales e internacionales,
los cuales deberán progresar en cantidad
y calidad, a medida que las inversiones en
ambas compañías se incrementen.
2) Es inaceptable lo estipulado en la Cláusula
Sexta del Acta Acuerdo subscripta entre el
Estado nacional y los dueños de Interinvest/MARSANS,
Gonzalo PASCUAL y Gerardo DÍAZ, donde
se establece que “los precios de compra
de cada uno de los paquetes accionarios de
AEROLÍNEAS y AUSTRAL se determinarán
a partir de las valuaciones que efectuará
una entidad evaluadora que designe IV (Interinvest/MARSANS),
y la que se realice a solicitud del ESTADO
NACIONAL” El cual declara que solicitará
la del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Y concluye dicha cláusula, “En
caso de existir diferencias entre las valuaciones
que se efectúen y/o de no arribarse
de otro modo a un acuerdo respecto de los
precios de ambos paquetes accionarios, se
solicitará una tercera valuación
de una entidad imparcial, nacional o extranjera,
de prestigio internacional, especializada
en compraventas y/o valoraciones de empresas
internacionales del sector, cuya valuación
será final y definitiva para las Partes”
Esta estipulación es incoherente y
contradictoria con lo sostenido en el Proyecto
de Ley enviado al Parlamento, donde se promete
que se someterá a su consideración
el monto exigido para la compra de Aerolíneas
Argentinas y Austral. Además, el Poder
ejecutivo le exige previamente a los legisladores
que convaliden la referida Acta Acuerdo -donde
se fija una “valuación final
y definitiva” mediante una tercera consultora
a determinar-, entonces como podrán
nuestros parlamentarios luego rectificar un
precio de pago o no aprobarlo La participación
del Parlamento en la decisión final
de lo que se decida desembolsar o no a PASCUAL
y DÍAZ, para que sea real y efectiva,
debió estar incluida por el gobierno
en el Acta Acuerdo firmada con MARSANS. Caso
contrario, como sucede, la opinión
legislativa es ilusoria e irrelevante, el
Congreso no podrá corregir una decisión
acordada entre el Poder ejecutivo y un tercero
particular.
La Cláusula Sexta del Acta Acuerdo,
es absolutamente funcional a los intereses
de aquellos que se cansaron de saquear a Aerolíneas
Argentinas, Austral y a nuestro Estado, como
totalmente perjudicial al interés público
argentino.
3) Dado que el fraude contable, la administración
fraudulenta y el vaciamiento cometido por
MARSANS en Aerolíneas Argentinas y
Austral, ha sidoreconocido por el Ejecutivo
en el Proyecto de Ley enviado al Congreso;
por los legisladores oficialistas; y, hasta
por el hoy máximo responsable del gerenciamiento
de Aerolíneas Argentinas y Austral,
designado por el gobierno nacional, Dr. Julio
Alak ante legisladores de todas las bancadas
y los representantes de MARSANS; las autoridades
nacionales deben soberanamente revocar la
nefasta Cláusula Sexta de dicha Acta,
subscripta con los culpables directos de la
actual situación de colapso de nuestras
principales aéreas locales Comprometiéndose
por escrito y públicamente en un documento
dirigido al Congreso nacional, a que bajo
ningún concepto ni pretexto se le abonará
un solo peso a los propietarios de MARSANS
por el traspaso accionario de nuestra Aerolínea
de Bandera y Austral, ni que tampoco se asumirá
o condonará deuda alguna. Este último,
otro subterfugio para seguir alimentando de
dinero de todos los argentinos a acaudalados
bandoleros extranjeros, disfrazados de empresarios,
que nos han esquilmado durante siete años
consecutivos. Dicha deuda o pasivo postconcursal,
es también de corrupción o fraudulento.
Sino lo hace, el Estado nacional estará
asumiendo concientemente un rol superlativo
de “Estado bobo” o “Hood
Robin”, altamente sospechoso en sus
motivaciones éticas como en su intencionalidad
política.
4) Por lo expuesto anteriormente, el Ejecutivo
nacional tiene también la obligación
de concurrir a la Justicia penal argentina,
para pedir que se investiguen las responsabilidades
de los dueños de MARSANS en la presente
situación de Aerolíneas Argentinas
y Austral; como la del Presidente de las dos
empresas desde el año 2001, Dr. Horacio
Fargosi, junto con la de otros directores
y máximos ejecutivos empresarios desde
Octubre de 2001 a la actualidad.
5) Las causales y los protagonistas que han
originado la ruinosa situación empresarial
de Aerolíneas Argentinas y Austral,
ameritan que el Poder ejecutivo nacional –conjuntamente
con una Comisión Bicameral de legisladores
oficialistas y de otras bancadas-, emprendan
una negociación directa con el Poder
ejecutivo español para que asuma sus
responsabilidades legales, políticas
y económicas vigentes con ambas compañías.
Obligando en principio a Gonzalo PASCUAL y
Gerardo DÍAZ a que cumplan con los
compromisos contractuales que adquirieron
al hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas
y Austral, invirtiendo en ambas empresas los
USD 758 millones que la SEPI (Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales) o el tesoro
español les donó y, que según
sendos Informes de Tribunal de Cuentas de
España N: 705/06 y 765/07, sumado a
otro Judicial elaborado por un Perito fiscal
integrante de la AEAT (Agencia Estatal de
Administración Tributaria), incorporados
como prueba documental en el Tribunal N: 35
de Madrid, donde los mencionados propietarios
de MARSANS junto con Antonio MATA, se hallan
imputados por los delitos de desvío
de fondos públicos, evasión
tributaria, estafa procesal y falsedad documental,
ha quedado demostrado que ese dinero público
español jamás se usó
para los destinos contractuales a los que
MARSANS se había comprometido. Y, dado
que esos fondos se entregaban por tramos parciales
previa constancia del debido uso de lo liberado,
queda demostrado que el Estado español
a través de la SEPI incumplió,
ya sea por negligencia o mala fe, con su insoslayable
obligación contractual de fiscalizar
la correcta imputación de esas sumas
entregadas por el tesoro español, o
los ciudadanos españoles, en nuestra
Línea Aérea de Bandera y Austral.
Por otra parte, las evidencias referidas también
revelan la participación directa de
tres directores de la SEPI, en las maniobras
urdidas por los responsables de MARSANS para
violar el contrato de compraventa y desviar
fondos públicos españoles, por
lo tanto, la querella del juicio de Tribunal
35 ha pedido a la jueza interviniente que
les haga extensiva a dichos directores las
mismas imputaciones que recaen sobre PASCUAL,
DÍAZ y MATA.
Por si faltaran razones de derecho y hecho
para emprender tal negociación estatal
bilateral,
no hay que olvidar que la Sindicatura Plural
del Concurso de Acreedores de Aerolíneas
Argentinas, concluyó en un dictamen
unánime de Mayo de 2002, que el Estado
español es el socio oculto de Aerolíneas
a través de otras sociedades, dado
que la venta de la empresa fue una simulación
- efectivizada por un dólar simbólico
de pago-, y que el Estado español asumió
a su cargo la cancelación de la mayor
parte de sus pasivos, como el financiamiento
del plan de reactivación empresarial.
En consecuencia, le corresponden las más
amplias responsabilidades emergentes de nuestra
Ley de Sociedades Comerciales y de la Ley
de Concursos y Quiebras.
6) Si el Poder ejecutivo nacional, no accede
a rectificar los perniciosos errores en que
ha incurrido en su negociación por
Aerolíneas Argentinas y Austral, con
los dueños de MARSANS, que agravaran
los profundos daños y perjuicios materiales
que los mismos han ocasionado durante siete
años a los intereses públicos
nacionales, es deber de todos los partidos
con representación parlamentaria, que
conforman otro de los poderes del Estado entre
cuyas atribuciones está el control
del Ejecutivo, presentar un proyecto alternativo
viable de rescate, reargentinización
y transferencia accionaria al Estado nacional
de Aerolíneas Argentinas y Austral,
el cual es indispensable que haga suyos los
puntos 1, 2, 4, 5 y 6 del presente escrito.
7) Asimismo, también los legisladores
no oficialistas deberían concurrir
a la justicia para requerir que se investigue
a los propietarios de MARSANS, directores
y funcionarios de Aerolíneas Argentinas
y Austral, por los delitos de fraude contable
y vaciamiento; como por prevaricato, a todos
los funcionarios públicos responsables
por sus competencias políticas-administrativas,
de controlar el gerenciamiento de las dos
empresas y de haber impedido que se arribe
la presente situación de desprestigio
y casi paralización operativa de ambas.
Sin excluir a todos los directores por el
Estado nacional, desde Octubre del 2001 al
presente.
Sra. Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, todas las acusaciones y denuncias
expresadas en este Comunicado pueden ser demostradas
y verificadas.
También, Señora presidenta,
son factibles de resolución todos los
pedidos de rectificaciones administrativas
que le hemos formulado, en las decisiones
del Poder ejecutivo que Ud. encabeza ha tomado,
respecto de la transferencia de la totalidad
accionaria de Aerolíneas Argentinas
y Austral al Estado argentino.
El fin a alcanzar, es evitar que se sigan
avasallando ignominiosamente los intereses
y derechos nacionales como viene sucediendo
desde hace 18 años en ambas empresas;
y que los ciudadanos argentinos dejen de estar
en estado de indefensión, para que
cualquier salteador de caminos pueda venir
a engañarlos y estafarlos, vaciando
sus bolsillos con absoluta impunidad.
Sra. Presidenta, los terribles y reiterados
delitos cometidos contra Aerolíneas
Argentinas y Austral, sus trabajadores, usuarios
y toda la sociedad argentina beneficiaria
de sus servicios, también exigen verdad
y justicia, como juicio y castigo ejemplar
a sus culpables, para que NUNCA MÁS
se repitan en nuestra vida nacional.
Sra. Presidenta, la exhortamos para que ejerza
su voluntad política haciendo uso de
todo el poder que le han conferido los argentinos,
para defenderlos y dignificarlos, impidiendo
que los sigan robando como persiguiendo judicialmente
a quienes lo han hecho.
Sra. Presidenta, anhelamos que en el caso
Aerolíneas Argentinas y Austral, predique
con hechos y ejemplos, lo que ya hizo hace
mucho con sus palabras, “el gobierno
recibirá con los brazos abiertos a
los inversores, pero no a los que quieran
venir a robar o extorsionar” (V.Dominico.
Septiembre de 2005)
Ciudadela, 19 de Agosto de 2008.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN
DEL PERSONAL TÉCNICO AERONAÚTICO
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