ASOCIACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
AERONÁUTICO (APTA)
ASOCIACIÓN DE PILOTOS DE LÍNEAS
AÉREAS (APLA)
EL ESTADO NACIONAL Y EL PPP DEBEN
RECHAZAR E IMPUGNAR JUDICIALMENTE EL BALANCE
2006 DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS, DENUNCIANDO
SU FALSEDAD CONTABLE, QUEBRANTO FIINANCIERO
Y GENERALIZADA DESCAPITALIZACIÓN,
EN RESGUARDO DE LA CONTINUIDAD EMPRESARIA
Y LABORAL, COMO EN DEFENSA DEL INTERÉS
PÚBLICO NACIONAL.
Ante la inminente asamblea de accionistas
para considerar el Balance 2006 de Aerolíneas
Argentinas, APTA y APLA rechazan terminantemente
su aprobación, y requieren al Estado
argentino y a los representantes de las
acciones de sus trabajadores (PPP), que
voten por su rechazo a la vez que procedan
a impugnarlo ante la justicia, por los delitos
en él consumados contra nuestra Línea
Aérea de Bandera.
Fundamentos
I) Antecedentes:
El Estado argentino rechazó
e impugnó judicialmente los balances
2002, 2003 y 2004 de Aerolíneas Argentinas
acusando a los dueños del Grupo Marsans
-Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz y
Antonio Mata, accionistas mayoritarios de
la compañía-, como sus administradores
y miembros permanentes de su Directorio
desde Octubre de 2001, junto con su actual
Presidente, el Dr. Horacio Fargosi, de cometer
fraude contable, presentando balances falsos
de la empresa que registraban un aumento
doloso de sus pasivos por USD 114 millones,
los cuales habían sido previamente
cancelados por Marsans con dinero entregado
a tales efectos por el Estado español
a través de la SEPI. Lesionando con
tal accionar, tanto los intereses de Aerolíneas
Argentinas, como los de sus accionistas
minoritarios, el Estado nacional y sus trabajadores
reunidos en el Programa de Propiedad Participada.
En Noviembre de 2006, si bien el
Estado argentino aprobó el balance
2005 de nuestra aerolínea de bandera,
nunca se retractó, ni revocó
las causales que fundamentaron su rechazo
a los tres balances anteriores junto con
las gestiones de su Directorio, como a las
consecuentes impugnaciones judiciales que
efectuó, cuyos fundamentos habían
sido ampliados en Marzo de 2006.
El ejercicio contable 2005 de Aerolíneas
Argentinas, fue aprobado mediante un mandato
ordenado y firmado por la ex Ministra Felisa
Miceli, argumentando espuriamente para hacerlo,
el acuerdo político firmado en Madrid
en Junio de 2006, entre el gobierno nacional
y los dueños españoles de
la compañía. Una argumentación
falsa e insustentable, puesto que en la
Carta de Intención y en la Adenda
subscriptas, jamás se le impuso al
Estado argentino aprobar balance alguno;
éste, solo expresó “su
voluntad de tratar en la próxima
Asamblea Ordinaria / Extraordinaria de Aerolíneas
Argentinas S.A.”, “La aprobación
de los Estados Contables correspondientes
al ejercicio económico 2005”,
entre otras cuestiones a considerar.
En consecuencia, el balance 2006
de Aerolíneas Argentinas a ser presentado
para su aprobación en la Asamblea
del próximo 25 de Julio, acarrea
e incluye todos los datos y resultados de
los balances 2002, 2003 y 2004 y, por ende,
mantiene vigente las mismas falsedades contables
y delitos contra nuestra Línea Aérea
de Bandera, que provocaron los consecutivos
rechazos e impugnaciones llevados a cabo
por el Estado argentino. Delitos, junto
con otros, que también APTA y APLA
han denunciando sistemáticamente
ante la opinión pública, funcionarios,
legisladores y justicia.
II) Situación Actual
La última versión
presentada por Marsans para su aprobación,
del balance 2006 de Aerolíneas Argentinas,
exhibe un escenario empresarial mucho más
alarmante que en los anteriores. Baste mencionar,
a modo de ejemplo, dos temas centrales:
a) el balance arroja pérdidas acumuladas
que superan el 50% del capital más
las reservas, por lo cual cumpliendo con
la ley de Sociedades Comerciales la compañía
deberá reducir significativamente
su capital; y si se le restaran los USD
114 millones ilegalmente capitalizados por
Marsans a cambio de más acciones
de la empresa, provenientes de los créditos
concursados contra ella que contractualmente
debió extinguir pero en cambio compró,
y sobre los cuales la justicia aún
no opinó, Aerolíneas se hallaría
en estado de quiebra técnica. b)
La flota denunciada a fines del 2006 es
de 50 aeronaves, igual que el 2005, con
29 operativos (hoy hay 47 y la misma cantidad
de operativos), siendo ello la verdadera
causa de las habituales deficiencias en
la prestación de sus servicios, junto
con la excesiva antigüedad de la misma
(que persiste con las actuales incorporaciones),
convirtiéndola en antieconómica
y demandante de mantenimiento más
asiduo, lo cual sobreagrava la escasa disponibilidad
de aviones.
Todo ello como resultado de los
incumplimientos consuetudinarios en incorporación
y renovación de flota, por parte
del controlante: la comprometida contractualmente
en el 2001 (23 aviones); la anunciada en
el 2004 (49 aviones); e incluso la prometida
para el 2006 (10 aviones menos que los convenidos).
A lo cual se suma, la también crónica
falta de inversión en infraestructura
técnica y repuestos.
Este postrante estado empresarial,
en lo financiero y en lo patrimonial, que
ninguna contabilidad creativa puede ocultar,
es el que ha conducido a Aerolíneas
Argentinas a reducir año tras año
su participación en el mercado, a
padecer un desprestigio inédito y
creciente, como a exigir urgentemente un
saneamiento de sus finanzas y una amplia
capitalización productiva, como única
alternativa para recuperar su autosustentabilidad
y viabilidad.
Por lo tanto, el Estado
nacional, también en su
condición de contralor de las empresas
públicas privatizadas, y garante
de la prestación del servicio público
de transporte aerocomercial, al cual destina
ingentes subsidios directos e indirectos,
está ética y legalmente
obligado a rechazar e impugnar el balance
2006 de su aerolínea insignia, como
a exigir a sus dueños y socios en
la misma, la inmediata inversión
financiera y económica que Aerolíneas
Argentinas demanda, y para lo cual el Grupo
Marsans recibió USD 800 millones
del tesoro español desde el 2001.
Caso contrario, ese mismo Estado se verá
mucho más temprano que tarde, enfrentado
a la irresoluble disyuntiva de convertirse
en el Estado hostil que se resigna a que
Aerolíneas Argentinas siga el destino
de nuestros ferrocarriles; o en el Estado
imbécil, que hace pagar a sus ciudadanos,
incluidos y excluidos, los quebrantos económicos
multimillonarios, que dejan aquellos incalificables
privados, que pertinazmente eligen incumplir
con sus obligaciones empresariales y como
hombres de bien.
Dos opciones, política y financieramente
perdedoras y por ello inviables, tanto para
el Estado de la Argentina del presente como,
aún más, para la del futuro.
Buenos Aires, 19 de julio de 2007.-
Consejo Directivo de APTA.
Consejo Directivo de APLA.
