04/12/2008 03:24
                                      Ambito Financiero - Nota - Economía 
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                                      Diputados aprobó con 
                                      cambios la expropiación de Aerolíneas
                                    La Cámara de Diputados aprobó 
                                      ayer el proyecto de ley que declara a Aerolíneas 
                                      Argentinas y Austral de «utilidad 
                                      pública» y «sujetas a 
                                      expropiación», aceptando algunos 
                                      cambios en el proyecto para asegurarse el 
                                      voto de bloques aliados como los ex aristas 
                                      del SI y Claudio Lozano, los mismos diputados 
                                      que hicieron modificar la ley de estatización 
                                      de las AFJP para apoyar al gobierno.
                                    Así, cuando comenzó el debate 
                                      a las 13, el kirchnerista Mariano West, 
                                      presidente de la Comisión Bicameral 
                                      que controla el traspaso de las líneas 
                                      aéreas al Estado, anunció 
                                      que se introducirían algunas modificaciones 
                                      al dictamen de mayoría, como la discriminación 
                                      de las deudas de las empresas por su origen 
                                      y la presentación de un plan general 
                                      de negocios para el mediano y largo plazo. 
                                      Fueron las garantías que exigieron 
                                      los aliados circunstanciales del gobierno 
                                      que, si bien aceptaban la expropiación 
                                      de las empresas, cuestionan que el Estado 
                                      asuma sin discutir la deuda por u$s 890 
                                      millones de las dos líneas aéreas.
                                    Seis horas y media después de haberse 
                                      iniciado la sesión, la votación 
                                      otorgó 152 votos afirmativos y 85 
                                      negativos. Gracias a los cambios, el gobierno 
                                      tuvo el apoyo del Espacio SI, el Partido 
                                      Renovador de Salta, Lozano, Encuentro Popular 
                                      y Social, el Movimiento Popular Neuquino 
                                      y hasta de Consenso Federal, que responde 
                                      a Julio Cobos.
                                    
                                      Rechazo
                                    «No vamos a pagar ninguna deuda ilegítima», 
                                      dijo West, para rechazar las críticas 
                                      del radicalismo, la Coalición Cívica 
                                      y hasta el macrismo, que proponía 
                                      expropiar sólo los activos de las 
                                      aéreas y dejar que el pasivo se discutiera 
                                      en la quiebra judicial de la empresa.
                                    En la defensa del proyecto afirmó 
                                      que el gobierno nacional tuvo que hacerse 
                                      cargo de la compañía luego 
                                      del «abandono» en que la dejó 
                                      el grupo administrador Marsans.
                                    El más enérgico fue el diputado 
                                      del Encuentro Popular y Social, Ariel Basteiro, 
                                      quien pidió que «no se tema 
                                      por las amenazas de Marsans, porque el grupo 
                                      debería haber cumplido con el servicio 
                                      y con el sistema tributario si quisiera 
                                      ir a la Justicia». «Marsans 
                                      tiene muchos muertos en el placard», 
                                      dijo Basteiro.
                                    La oposición insistió con 
                                      que «el rescate de Aerolíneas 
                                      beneficia a empresas fraudulentas y carga 
                                      a los argentinos de una deuda de mil millones 
                                      de dólares».
                                    Para el jefe del bloque de la Coalición 
                                      Cívica, Adrián Pérez, 
                                      «era más razonable abrir una 
                                      nueva empresa que hacer viable una que tiene 
                                      una deuda fabulosa».
                                    La misma línea siguió el 
                                      justicialista bonaerense Jorge Sarghini: 
                                      «El Estado se está haciendo 
                                      cargo de las deudas de una empresa en la 
                                      que el pasivo supera al activo».
                                    El jefe del bloque radical, Oscar Aguad, 
                                      lo siguió: «Hacer cargo a nuestra 
                                      sociedad de las deudas de una empresa privada 
                                      extranjera por mil millones de dólares 
                                      y asumir un déficit operativo de 
                                      entre 50 y un poco más de millones 
                                      de pesos por mes, no es algo que debe tratarse 
                                      alegremente, como si fuera inevitable».
                                    
                                      Evaluación
                                    Tras las modificaciones que aceptó 
                                      el kirchnerismo, se votó entonces 
                                      la declaración de «utilidad 
                                      pública sujeta a expropiación 
                                      de las empresas Aerolíneas Argentinas 
                                      SA, Austral Líneas Aéreas, 
                                      Cielos del Sur SA, y a sus compañías 
                                      controladas Optar SA, Jet Paq SA y Aerohandling 
                                      SA.
                                    Además, se estableció que 
                                      el Tribunal de Tasaciones será el 
                                      encargado de evaluar los bienes de la empresa 
                                      y que en un plazo de 180 días se 
                                      deberá presentar ante la Comisión 
                                      Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones 
                                      un plan general de negocios y una propuesta 
                                      estratégica a mediano y largo plazo.
                                    El proyecto ahora pasará al Senado, 
                                      pero ni siquiera con la votación 
                                      en esa Cámara estará completo 
                                      el procedimiento. Como el Grupo Air Comet 
                                      Marsans no accedió a la transferencia 
                                      al reclamar más de u$s 355 millones 
                                      por las compañías mientras 
                                      el gobierno plantea un pago simbólico 
                                      de un peso, el Estado deberá apelar 
                                      a un juicio por expropiación para 
                                      terminar el proceso legal. De hecho, el 
                                      proyecto aprobado ayer instruye al procurador 
                                      del Tesoro a que inicie las acciones legales, 
                                      que comenzarán recién cuando 
                                      se sancione definitivamente la ley. 
                                    