04/12/2008 00:48
                                      BAE - Nota - Argentina - Pág.2
                                      Diputados aprobó el 
                                      proyecto de ley de expropiación de 
                                      Aerolíneas y Austral
                                    Fue modificado el original y ahora se plantea 
                                      reconocer sólo la deuda legítima
                                    NELSON MARINELLI
                                    El proyecto fue aprobado con los votos 
                                      del oficialismo, de los aliados y algunos 
                                      de la oposición. Tuvo 153 votos a 
                                      favor y 84 en contra. Al texto se le incorporó 
                                      la obligación de presentar un plan 
                                      de negocios.
                                    Diputados dio ayer media sanción 
                                      y giró al Senado el proyecto de ley 
                                      que declara “de utilidad pública 
                                      y sujetas a expropiación” a 
                                      Aerolíneas Argentinas y Austral, 
                                      Jet Pack, Optar y Aerohandling, que aún 
                                      pertenecen al grupo español Marsans.
                                      
                                      El proyecto fue aprobado, en general, por 
                                      153 votos que fueron aportados por el bloque 
                                      oficialista, Solidaridad e Igualdad (SI), 
                                      el Partido Renovador de Salta, el diputado 
                                      Claudio Lozano, el Encuentro Popular y Social, 
                                      el Movimiento Popular Neuquino y del Consenso 
                                      Federal, que responde al vicepresidente 
                                      Julio Cobos. Los 84 votos en contra provinieron, 
                                      mayoritariamente, de las bancadas de la 
                                      Coalición Cívica y de PRO.
                                      
                                      DEUDA. Para ampliar el apoyo a su proyecto, 
                                      el oficialismo aceptó una serie de 
                                      modificaciones menores propuestas por el 
                                      espacio que nuclea a ex aristas de SI y 
                                      por Claudio Lozano, que plantean incorporar 
                                      la separación entre deuda legal e 
                                      ilegal de la empresas, obliga al Estado 
                                      nacional a participar de las demandas penales 
                                      por el vaciamiento y la defraudación 
                                      de Aerolíneas Argentinas y la elaboración 
                                      de un plan general de negocios e inversiones 
                                      de las líneas aéreas.
                                      El diputado oficialista Mariano West dijo 
                                      al respecto: “Venimos a proponer una 
                                      expropiación, de la que estamos dispuestos 
                                      a pagar las deudas legítimas, pero 
                                      no vamos a pagar ninguna deuda ilegítima”. 
                                      En de claraciones a este diario, el diputado 
                                      socialista Ariel Basteiro había estimado 
                                      entre 80 y 120 millones de dólares 
                                      las deudas que, en principio, no debería 
                                      pagar el Estado porque corresponderían 
                                      a mantenimiento y reparación de aviones 
                                      que son de Air Comet de España y 
                                      de Chile, que son empresas del Grupo Marsans.
                                      
                                      En el Gobierno se vive con optimismo el 
                                      proceso y así es que el secretario 
                                      de Transporte, Ricardo Jaime, estimó 
                                      que antes del 20 de diciembre el Senado 
                                      convertiría en ley el proyecto de 
                                      ley de expropiación de las cinco 
                                      empresas.
                                      ESTATAL. Las primeras repercusiones entre 
                                      los gremialistas de Aerolíneas también 
                                      fueron de satisfacción.
                                      
                                      Jorge Pérez Tamayo, titular del gremio 
                                      de los pilotos, y Edgardo Llanos, secretario 
                                      general del que agrupa al personal de tierra, 
                                      en declaraciones a Buenos Aires Económico, 
                                      se manifestaron a favor de que la aérea 
                                      se manten dega en manos del Estado.
                                      
                                      “Tiene que seguir siendo estatal y 
                                      ahora que estamos retornando el patrimonio 
                                      nacional, nos queda que recuperar la esencia 
                                      de la compañía y la confianza 
                                      de los usuarios”, dijo Pérez 
                                      Tamayo, y acotó que “ahora 
                                      tenemos que pensar en el futuro, crear una 
                                      empresa en serio y realizar las inversiones 
                                      que sean necesarias, especialmente en flota, 
                                      para que se pueda prestar un mejor servicio 
                                      y ahorrar en combustible y repuestos”.
                                      
                                      Por su parte, Llanos sostuvo que “la 
                                      empresa tiene que seguir siendo estatal 
                                      porque cuando estuvo bajo administración 
                                      del Estado, la empresa funcionó y 
                                      cuando pasó a manos privadas fue 
                                      llevada a la situación actual. Y 
                                      tampoco apoyo que pase a manos de empresarios 
                                      argentinos porque ellos fueron los que hundieron 
                                      LAPA, Southern Winds, Dinar y tantas otras 
                                      empresas aéreas”.
                                      
                                      DEMANDA. Por su parte, el director corporativo 
                                      de Marsans, Vicente Muñoz, confirmó 
                                      anoche la decisión del grupo español 
                                      de demandar al Estado argentino ante el 
                                      Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
                                      Relativas a Inversiones (CIADI) frente a 
                                      lo que consideró una “confiscación” 
                                      de Aerolíneas Argentinas y Austral.
                                      
                                      “Nuestra postura sigue en línea 
                                      con lo que veníamos manteniendo al 
                                      respecto: esto no se trata de una expropiación 
                                      sino de una confiscación”, 
                                      dijo Muñoz, y acotó: “Hace 
                                      diez días le enviamos un escrito 
                                      a la presidenta” Cristina Fernández 
                                      de Kirchner y “como no hemos tenido 
                                      noticias ni hemos sido convocados, sólo 
                                      queda presentar la demanda formal ante el 
                                      CIADI, además de continuar con nuestra 
                                      defensa en los tribunales argentinos”.
                                    
                                      