04/12/2008 04:12
                                      La Nación - Nota - Economía 
                                      & Negocios - Pág.6
                                      Expropiación / Diputados aprobó 
                                      el proyecto
                                      Media sanción para 
                                      Aerolíneas
                                      >Instruyen al Gobierno a no afrontar 
                                      la deuda ilegítima; Marsans recurrirá 
                                      al Ciadi
                                    Laura Serra
                                      LA NACION
                                    
                                      La expropiación por parte del Estado 
                                      de Aerolíneas Argentinas y Austral, 
                                      hoy en manos del grupo español Marsans, 
                                      comienza a cristalizarse. Y también 
                                      el futuro juicio que los empresarios españoles 
                                      iniciarán en el Tribunal de Arbitraje 
                                      del Banco Mundial (Ciadi).
                                    La Cámara de Diputados dio ayer 
                                      media sanción al proyecto, con la 
                                      novedad de que instruye al Gobierno a no 
                                      afrontar la deuda que eventualmente declare 
                                      ilegítima, es decir, aquella que 
                                      sea producto de eventuales operaciones fraudulentas 
                                      por parte de Marsans.
                                    El pasivo que acarrean ambas aerolíneas 
                                      alcanza US$ 832 millones, según estableció 
                                      el Tribunal de Tasaciones. Sin embargo, 
                                      la tasación que acercó el 
                                      grupo español le otorgaba un precio 
                                      de alrededor de US$ 250 millones al activo. 
                                      El oficialismo, a instancias del bloque 
                                      Solidaridad e Igualdad (SI) y del diputado 
                                      Claudio Lozano (CTA), incorporó en 
                                      el texto un nuevo artículo, en el 
                                      que obliga al Gobierno a que discrimine 
                                      los pasivos generados por las "operaciones 
                                      normales" de las empresas de las generadas 
                                      por "operaciones dolosas o fraudulentas, 
                                      o que tuvieran causa en la mala gestión 
                                      de los administradores".
                                    En este último caso, el Estado deberá 
                                      denunciar los eventuales hechos ilícitos 
                                      e iniciar las acciones civiles y comerciales 
                                      que correspondan.
                                    "¿De que administración 
                                      fraudulenta me hablan? -se preguntó, 
                                      ofuscado, Vicente Muñoz, director 
                                      financiero de Marsans-, si hace cinco meses 
                                      que tienen la gestión de toda la 
                                      compañía. Además, si 
                                      llegase a haber algún tipo de dolo 
                                      o fraude, pues no es necesario una ley para 
                                      que se lo denuncie. Se lo debe hacer igual."
                                    La iniciativa también emplaza al 
                                      Estado a presentar en un plazo de 180 días 
                                      el plan de negocios de las aerolíneas. 
                                      Con esta nueva redacción, el oficialismo 
                                      ganó varios adeptos y así 
                                      se reflejó en la votación 
                                      en general: 152 positivos a 85 negativos. 
                                      La iniciativa fue girada al Senado y sería 
                                      convertida en ley antes de fin de año.
                                    La oposición, en sus distintas vertientes, 
                                      coincidió en una sola advertencia: 
                                      la expropiación de Aerolíneas 
                                      y de Austral no le será gratuita 
                                      al Estado, pues si bien no abonará 
                                      un centavo por el rescate de las empresas, 
                                      alertó que la expropiación 
                                      así planteada implicará absorber 
                                      también su deuda.
                                    ¿Qué alternativas propuso 
                                      la oposición? En esto no hubo posiciones 
                                      unívocas. Por ejemplo, el socialismo 
                                      propuso expropiar "sólo los 
                                      bienes convenientes y necesarios" a 
                                      los fines de la prestación del servicio 
                                      público.
                                    Alternativas
                                      El oficialismo rechazó todas las 
                                      propuestas de la oposición. "La 
                                      quiebra de las aerolíneas significaría 
                                      un período no menor a dos años 
                                      sin prestación", advirtió 
                                      Alejandro Rossi (FPV-Santa Fe), quien también 
                                      desestimó la idea de expropiar sólo 
                                      los activos de las compañías. 
                                      "Eso insumiría entre $ 750 y 
                                      1000 millones de contado para el Estado. 
                                      En cambio, por vía de la expropiación, 
                                      el costo es cero."
                                    El núcleo duro de la oposición 
                                      rechazó, de plano, el planteo oficial. 
                                      "Votar este proyecto es votar la suba 
                                      del endeudamiento nacional", protestó 
                                      la peronista disidente Marta Velarde. "Vamos 
                                      a pagar más de US$ 1000 millones 
                                      que no nos corresponde", exclamó, 
                                      por su lado, el radical Rubén Lanceta. 
                                      "Este proyecto es un agujero negro 
                                      -agregó, por su parte, Esteban Bullrich 
                                      (Pro)-. El secretario de Transporte, [Ricardo] 
                                      Jaime, dijo que las aerolíneas nos 
                                      costarían 100 millones de pesos por 
                                      mes. Pero, en realidad, todos los argentinos 
                                      pusimos el doble, $ 1100 millones."
                                    Finalmente, Muñoz dijo que "el 
                                      Gobierno utilizó al Poder Legislativo 
                                      para que sancione una ley que le impida 
                                      cumplir con el contrato que había 
                                      firmado".