14/11/2008
Hispanidad - Por lo Breve
La Fiscalía anticorrupción
inculpa a la SEPI en el caso Aerolíneas
Argentinas
Hasta ahora, la colaboración del
organismo público había sido
la principal coartada de Marsans frente
a las imputaciones de desvío de fondos
públicos, delito fiscal y estafa
procesal.
Tras esta decisión el caso da un
vuelco: el Juzgado 35 de Madrid retoma la
instrucción e imputaría a
tres directores generales de la SEPI, entre
ellos, el firmante del contrato, Juan Gurbindo
Gutierres, junto a Pablo Garolera Masso
(vicepresidente) y al director Juan Masso
Garolera.
La privatización de Aerolíneas
Argentinas (ARSA), o mejor, el regalo de
la compañía por parte del
Gobierno Aznar a la empresa Marsans, con
un obsequio añadido de 758 millones
de dólares, ha dado un vuelco tras
recibirse en el Juzgado número 35
de Madrid, el informe de la Fiscalía
Anticorrupción, en el que se pide
que se impute a tres directores de la Sociedad
Estatal de participaciones Industriales
(SEPI), el organismo a través del
cual se vehiculó el regalo de ARSA
a Gerardo Díaz Ferrán, hoy
presidente de la CEOE; y su socio, Gonzalo
Pascual.
Los dos empresarios están acusados
de desvío de fondos públicos
(los que les dio la SEPI para reflotar Aerolíneas,
además de la compañía,
vendida por una peseta), delito fiscal (con
un informe pericial de la propia Agencia
Tributaria donde concluye que Ferrán
y Pascual defraudaron en esta operación
100 millones de euros a la Hacienda pública)
y estafa procesal.
Hasta el momento, la actitud de la SEPI,
remisa a proporcionar información
sobre el contrato de venta -más bien
regalo- de ARSA, había constituido
la principal defensa alegada por quien hoy
preside la patronal CEOE y por el presidente
de Marsans, Gonzalo Pascual, antes presidente
de Spanair. Tan remisa, que el Juzgado remitió
las gravísimas acusaciones contra
Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual
a la Fiscalía anticorrupción
y ésta ha decidido que se cite a
tres directores de la SEPI en calidad de
imputados. Entre ellos, el más relevante
es Juan Gurbindo, el hombre clave en el
contrato de venta firmado en tiempos del
PP. Era lo que solicitaba el letrado de
la acusación particular, Rafael Caro
Moya, y la Fiscalía lo ha considerado
de lo más pertinente.
Es de destacar que, además, el fiscal,
respecto a la solicitud efectuada por el
abogado Rafael Caro Moya sobre la competencia
de la Audiencia Nacional en el caso, considera
que el proceso Aerolíneas puede resultar
una gravísima defraudación
que incluso “pudiera producir una
grave repercusión en la economía
española”, por lo que lo más
aconsejable sería continuar con las
actuaciones ante un Juzgado Central de Instrucción.
Tanta es la importancia que el fiscal otorga
al caso ARSA.
Ramón Hermosilla, el abogado imputado
en el caso de la Carta Falsa (paralelo al
Caso Urbanor, donde actúa como defensor
de los ‘Albertos’) siempre ha
mantenido la tesis de que la inocencia de
los dos empresarios se sustanciaba en la
actitud escasamente colaboradora del pagano
-que pagaba con dinero público, se
entiende-: la SEPI. Pues bien, el fiscal
anticorrupción considera ahora que
la SEPI es sospechosa de connivencia en
el presunto delito. Y no es el único.
Por lo demás, la decisión
del fiscal reanuda la instrucción
del caso Aerolíneas Argentinas justo
en el momento en que el Gobierno argentino
pretende expulsar a Marsans, que ha convertido
el tráfico aéreo en el país
austral en un verdadero caos.
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