21/11/2008 01:36
Crítica - Nota - El País - Pág.7
a 19 años del decreto, menem y cavallo deben dar explicaciones
La privatización, “viciada desde su orígen”

Diecinueve años después de la firma del primer decreto por la privatización de Aerolíneas Argentinas, y en medio de la discusión del Gobierno con la empresa Marsans por la reestatización, la Cámara Federal de Apelaciones firmó ayer una resolución cuestionando la legalidad de todo el proceso de venta de la aerolínea de bandera. Por esta razón, los miembros de la Sala I piden el llamado a indagatoria del ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el actual presidente del directorio de la compañía, Horacio Pedro Fargosi.

Las acusaciones van desde administración fraudulenta para algunos ex directivos de la empresa hasta peculado, para los ex funcionarios.

Si los encontraran culpables, la pena podría ser de diez años de prisión, y por su gravedad impide la prescripción al tratarse de funcionarios públicos. En concreto, el escrito dice que la aerolínea no fue vendida, sino que fue robada por el Gobierno de turno y entregada a una empresa –en un principio Iberia– que obtuvo múltiples beneficios y que no cumplió ninguna de sus obligaciones: “El proceso de privatización de la firma Aerolíneas Argentinas (...) se exhibe diseñado desde el comienzo como una maniobra tendiente a perjudicar las arcas del Estado nacional, sustrayendo bienes de carácter público”.

Las ilegalidades –que todavía no habían sido profundizadas en la Justicia– aparecen en el texto de una manera abrumadora. Según la resolución, se constató la omisión de una tasación precisa de la empresa, se encontraron posibles pagos de coimas, y tenía, además, problemas de constitución desde su origen: la compañía se privatizó como una sociedad con participación minoritaria del Estado, una figura que no existe.

En aquella época, un diputado realizó un amparo contra la irregularidad, un juez le dio la razón, pero la Corte Suprema saldó la discusión aceptando el primer per saltum en su historia. El entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, había pedido su intervención, y la Corte menemista dijo que el legislador no estaba en condiciones de hacer ese amparo, permitiendo así el blindaje legal que la privatización necesitaba para nacer.

Esta causa –que podría cambiar el contexto legal de la reestatización de Aerolíneas– comenzó en 1990 por una denuncia del abogado Alejandro Olmos y se convirtió en un megaexpediente por la acumulación de presentaciones realizadas por legisladores, abogados y sindicalistas. En un principio el juez era Carlos Liporace, pero con su salida de la Justicia, cayó en manos de Jorge Ballestero –hoy camarista–, quien sobreseyó a los imputados en 2006. Entre ellos no estaban ni Menem ni Cavallo sino funcionarios de tercera y cuarta línea, y algunos miembros del ex directorio. El fiscal Carlos Rívolo apeló los sobreseimientos que ayer revocó la Cámara Federal para impulsar la investigación y ordenar indagatorias.

El escrito divide en dos partes los hechos. La primera es la privatización, la segunda, la administración.

Diecinueve años después del decreto de privatización, la Justicia considera que hay elementos para probar “el vaciamiento de Aerolíneas”.