22/11/2008 05:10
La Nación - Nota - Economía & Negocios - Pág.1
La Justicia limitó aún más al grupo Marsans en Aerolíneas
>Designó un veedor para que haga un informe sobre la empresa y ratificó al representante estatal

Por Diego Cabot
LA NACION

Ayer se le sumó otro capítulo a la tortuosa novela sobre la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. Por pedido del Gobierno, el juez Esteban Furnari designó un veedor para que elabore, en 30 días, un primer informe sobre el estado de las dos empresas aéreas.

Además, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar para que se mantenga el actual esquema de conducción (continuidad del grupo español Marsans, con la presencia de un gerente general representante del Estado, Julio Alak).

La medida fue notificada por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que pasadas las 14 de ayer llegó a las oficinas de la compañía, en Bouchard y Lavalle, con la resolución en la mano y la intención de mostrar a quien lo quisiera ver, la firmeza del Estado en su objetivo de quedarse con ambas empresas aéreas.

Además de designar un veedor, el contador José Luis Perrone, el fallo intenta darle un marco de estabilidad a la conducción de Aerolíneas. Sucede que Alak había asumido el cargo en el marco del acta acuerdo firmada entre el Gobierno y Marsans el 17 de julio pasado. Allí se estableció el procedimiento de compra de las dos compañías y se acordó la formación de un comité de gestión ?integrado por representantes de ambas partes? que conduciría las aerolíneas hasta que se terminara el proceso de venta.

Por consenso se nombró a Alak, pero ese acta acuerdo nunca se cumplió, los plazos se vencieron, y Aerolíneas y Austral siguieron siendo manejadas por el ex intendente de La Plata. Las diferencias entre el Gobierno y Marsans se profundizaron entonces. Los españoles, que siguen siendo los dueños de la mayoría accionaria, nombraron subgerente a Jorge Molina. De esta manera, buscaban poner un cerco a la gestión estatal dentro de las empresas que aún les pertenecen.

En una improvisada conferencia de prensa en el hall del edificio, Jaime dijo al periodismo que la medida fue decidida "ante la situación planteada el martes último, cuando [en asamblea de accionistas] se pretendió quitar toda facultad al actual gerente general al nombrar un adjunto [Molina] con igualdad de facultades, algo así como una administración paralela, que podría afectar la operatividad de las compañías".

La medida cautelar se dispuso en un juicio en el que el Estado solicita a la Justicia que se le compute el dinero que ha desembolsado desde julio pasado ?770 millones de pesos, según informó el subsecretario Legal, Rafael Llorens? como capitalización. "En una asamblea se impidió al Estado capitalizar los montos que ha venido desembolsando en la sociedad. Esto es una medida cautelar antes del proceso judicial", dijo Jaime, que además anticipó que en los próximos días presentarán la demanda. "La empresa ?agregó? está en estado de disolución y el Estado propuso capitalizarla para evitarlo".

La medida causó la inmediata reacción en el grupo Marsans. Vicente Muñoz, director Financiero del grupo, dijo a La Nacion que el grupo concurrirá al Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés). "Iniciaremos los pasos para ir al Ciadi. No entendemos lo que pasa en la Argentina", sostuvo.

Luego agregó que el Estado toma decisiones como si la compañía ya le perteneciera.

"En estos momentos ?acusó? la presidenta Cristina Kirchner tomó un avión de la compañía para ir a la reunión del G-20 y luego para seguir con su gira por Africa sin considerar a los pasajeros que tenían que volar a Australia. No entendemos qué quieren. Esto es un expolio, una confiscación. Quieren llevarse la compañía sin pagarnos nada y vamos a defender nuestros intereses."

Molina, por su pare, también mostró su sorpresa con la medida. "Esto es una expropiación de hecho", dijo en diálogo con La Nacion.

Por su parte, según un cable de la agencia DPA, el gobierno español, que dirige José Luis Rodríguez Zapatero, confía en que pueda llegarse a una "solución negociada" en el conflicto de Aerolíneas Argentinas, según manifestaron ayer fuentes oficiales a medios españoles. Según uno de los voceros del opositor Partido Popular, Gustavo de Arístegui, la medida fue catalogada como "intervencionismo" del gobierno argentino con motivación "populista" para hacer frente a problemas de "imagen".