22/11/2008 03:22 
                                      La Nación - Nota - Nota 
                                      de tapa - Pág.1 
                                      Embestida oficial contra 
                                      Marsans en Aerolíneas 
                                    La llegada de un veedor judicial fortalece 
                                      la gestión de Julio Alak Por pedido 
                                      del Gobierno, la Justicia designó 
                                      ayer un "interventor veedor e informante" 
                                      para que elabore, en un plazo de 30 días, 
                                      un primer informe sobre el estado de Aerolíneas 
                                      Argentinas y de Austral, las firmas controladas 
                                      por el grupo español Marsans y que 
                                      el Poder Ejecutivo pretende expropiar. 
                                       
                                      La medida fue notificada personalmente por 
                                      el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, 
                                      que, pasadas las 14, llegó a las 
                                      oficinas de la empresa y se ocupó 
                                      de difundir la resolución del juez 
                                      federal subrogante Esteban Carlos Furnari. 
                                      Además de designar veedor al contador 
                                      José Luis Perrone, el fallo prorroga 
                                      la gestión de Julio Alak, gerente 
                                      designado por el Gobierno, al frente de 
                                      una compañía privada. En una 
                                      improvisada conferencia de prensa, Jaime 
                                      explicó que la medida fue decidida 
                                      "ante la situación planteada 
                                      el martes último, cuando se pretendió 
                                      quitar toda facultad al actual gerente general 
                                      [el kirchnerista Alak] al nombrarse un adjunto 
                                      con igualdad de facultades, algo así 
                                      como una administración paralela". 
                                       
                                      La medida fue dispuesta en el marco de un 
                                      juicio en el que el Estado solicita que 
                                      se le compute el dinero que ha desembolsado 
                                      desde julio pasado -unos 770 millones de 
                                      pesos, según funcionarios del Gobiernocomo 
                                      capitalización de la empresa.  
                                      
                                      
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