22/11/2008 01:59 
                                      Perfil - Nota - Economía 
                                      - Pág.16 
                                      Otra intervención 
                                      en Aerolíneas empeora la relación 
                                      con España 
                                       
                                      >El secretario de Transporte, Ricardo 
                                      Jaime, encabezó la designación 
                                      de un alto cargo en Aerolíneas por 
                                      orden judicial. Se trata de un hostigamiento 
                                      judicial que el Gobierno desató para 
                                      desalojar a Marsans de la compañía. 
                                      El gobierno español sigue demandando 
                                      una salida negociada y pidió explicaciones 
                                      por vía diplomática. 
                                    La Justicia intervino ayer Aerolíneas 
                                      Argentinas y Austral, a pedido del Ministerio 
                                      de Planificación. El avance judicial 
                                      sobre las empresas disparó una rápida 
                                      reacción del gobierno de España 
                                      en defensa del accionista mayoritario de 
                                      las dos compañías, el grupo 
                                      Marsans, uno de los principales conglomerados 
                                      del reino. 
                                       
                                      La movida del Ministerio de Planificación 
                                      se da en medio de la guerra desatada entre 
                                      el Estado y el grupo Marsans por el control 
                                      de las dos empresas, luego del virtual fracaso 
                                      del acta acuerdo, firmada entre las partes 
                                      en julio último para la estatización 
                                      de las compañías aéreas. 
                                       
                                      El propio Ricardo Jaime, secretario de Transporte, 
                                      se presentó ayer en la sede de la 
                                      empresa para comunicar la intervención. 
                                      “Es una medida cautelar, previa al 
                                      proceso judicial”, explicó 
                                      Jaime a la prensa, en el lobby del edificio 
                                      de Bouchard al 200, sede de la compañía 
                                      de bandera. 
                                       
                                      “La empresa está en estado 
                                      de disolución y el Estado propuso 
                                      capitalizarla para evitarlo”, agregó. 
                                      El pedido de intervención fue presentado 
                                      el martes, ante la amenaza del grupo Marsans 
                                      de extender las atribuciones a Jorge Molina, 
                                      representante del grupo español en 
                                      el directorio de las empresas, en desmedro 
                                      de Julio Alak, gerente general designado 
                                      por el Estado desde que el acta acuerdo 
                                      fuera firmada el 17 de julio pasado. 
                                       
                                      En la sede de la empresa, Jaime se quejó 
                                      porque en las últimas dos asambleas 
                                      de accionistas “se impidió 
                                      al Estado capitalizar los montos que ha 
                                      venido desembolsando en la sociedad”. 
                                       
                                      El Estado puso $ 770 millones desde la vigencia 
                                      del acta acuerdo, mientras que el balance 
                                      2007 de Aerolíneas mostró 
                                      un saldo negativo de $ 81 millones. “Tales 
                                      aportes más los pasivos contingentes 
                                      que Aerolíneas-Austral tienen con 
                                      empresas del Estado nacional serían 
                                      suficientes para hacerse de la totalidad 
                                      de las acciones de las compañías”, 
                                      argumentó el secretario de Transporte. 
                                       
                                      Escasas horas después de la visita 
                                      de Jaime a Aerolíneas, el Ministerio 
                                      de Asuntos Exteriores de España tomó 
                                      cartas en el asunto y los teléfonos 
                                      en los despachos oficiales comenzaron a 
                                      sonar. El contenido de las charlas no trascendió, 
                                      pero fuentes de la Cancillería española 
                                      declararon que “el gobierno confía 
                                      en una solución negociada”, 
                                      y precisaron que “ambos gobiernos 
                                      están ya en contacto”. “Esperamos 
                                      que haya un acuerdo antes de tener que acudir 
                                      al CIADI”, dijo Vicente Muñoz, 
                                      director financiero de Marsans. En caso 
                                      de llegar a ser necesario, aclaró, 
                                      “acudiremos a la Justicia argentina, 
                                      en la que no confío, y a la internacional 
                                      en la que sí confío”. 
                                      
                                      
                                      
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