23/11/2008 01:47
                                      Perfil - Nota - Economía 
                                      - Pág.30
                                      RUMBO A LA EXPROPIACION
                                      Marsans demandará 
                                      en el CIADI US$ 1.560 millones por Aerolíneas
                                      
                                      >El estudio jurídico que comenzó 
                                      a asesorar al grupo español ya le 
                                      ganó dos juicios al Estado argentino 
                                      en el tribunal del Banco Mundial. El subdirector 
                                      general de Marsans, Vicente Muñoz, 
                                      confía en que el gobierno de España 
                                      “no va a quedarse de brazos cruzados”. 
                                      Las autoridades argentinas asumirían 
                                      la deuda de US$ 890 millones.
                                    M.B.
                                      “No llegar a un acuerdo, a la Argentina 
                                      le puede llegar a salir carísimo”, 
                                      advirtió ayer, desde Madrid, Vicente 
                                      Muñoz, subdirector General del Grupo 
                                      Marsans, propietario aún del 95% 
                                      de Aerolíneas Argentinas y de la 
                                      totalidad de Austral. El directivo de la 
                                      firma española mantuvo una conversación 
                                      telefónica con PERFIL, en la que 
                                      aseguró que abogados de King & 
                                      Spalding ya preparan una demanda internacional 
                                      por daños contra el Estado argentino, 
                                      que superará los US$ 1.560 millones.
                                      
                                      Los tironeos entre el Gobierno y Marsans 
                                      ya llevan cuatro meses. Desde que el 17 
                                      de julio Cristina Kirchner anunció 
                                      su intención de estatizar las dos 
                                      compañías –el mismo 
                                      día en que el vicepresidente Julio 
                                      Cobos definió el conflicto agrario 
                                      con su voto “no positivo” en 
                                      el Senado–, los acuerdos con el consorcio 
                                      español han ido degradándose 
                                      hasta llegar al conflicto judicial. Un acta 
                                      acuerdo entre las partes fue ignorado primero 
                                      por el Congreso y, luego, por los representantes 
                                      del Ejecutivo.
                                      
                                      “Vamos a cumplir con lo que dice la 
                                      ley de reestatización”, señaló 
                                      el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, 
                                      anteayer, cuando él mismo se encargó 
                                      de comunicar a los directores de Aerolíneas 
                                      y Austral de la intervención judicial 
                                      a las empresas dictaminada ese día.
                                      
                                      “Tenemos todas las puertas abiertas, 
                                      queremos llegar a un acuerdo”, aseguró 
                                      Muñoz a PERFIL, pero admitió 
                                      que “en realidad, creemos que las 
                                      posibilidades de una salida negociada son 
                                      muy pocas”.
                                      La estrategia de Marsans es, por un lado, 
                                      incluir al Gobierno español en la 
                                      disputa y, por otro, litigar. El viernes, 
                                      el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
                                      España tomó cartas en el asunto, 
                                      y se comunicó con el Gobierno argentino 
                                      para conocer los detalles de la intervención 
                                      judicial. “Como con cualquier empresa 
                                      española, el gobierno de España 
                                      no se va a quedar de brazos cruzados”, 
                                      opinó el directivo español.
                                      
                                      La semana pasada, Marsans hizo llegar una 
                                      carta a la presidenta Cristina Kirchner, 
                                      anunciándole su intención 
                                      de litigar en el CIADI, el tribunal del 
                                      Banco Mundial.
                                      Los españoles contrataron a King 
                                      & Spalding, un estudio de abogados que 
                                      ya ganó dos causas en contra de la 
                                      Argentina en ese tribunal. Ya están 
                                      trabajando en el cálculo de daños 
                                      que van a imputarle al Estado argentino.
                                      
                                      “No vamos a reclamar los US$ 450 millones 
                                      que vale la empresa según nuestra 
                                      valuación, sino que vamos a litigar 
                                      por todos los daños causados desde 
                                      2005, con tarifas congeladas, subsidios 
                                      prometidos e incumplidos y gremios adictos 
                                      al Gobierno haciendo huelgas salvajes”, 
                                      explicó Muñoz.
                                      “Estamos hablando de más de 
                                      US$ 1.560 millones, que es lo que valdría 
                                      la empresa si no hubiera sufrido todas esas 
                                      tropelías”, concluyó.
                                    “Como con cualquier empresa española, 
                                      España no se va a cruzar de brazos.” 
                                      (Muñoz) 
                                    
                                    