24/11/2008 02:11
Crítica - Nota - El País - Pág.7
Hoy entra a diputados el proyecto para tomar aerolineas
La expropiación no es un vuelo rápido

>La ley marco –creada por la dictadura– le permite a Marsans –el expropiado– pelear en la justicia local por la que considere una indemnización justa que compense la quita de Aerolíneas y Austral. El pleito puede llevar años.

ALEJANDRO BIANCHI

La expropiación de Aerolíneas Argentinas-Austral, que hoy dará su primer paso con la presentación de un proyecto de ley en Diputados, no será fácil ni inmediata. El Gobierno puede quedar atrapado por una norma marco que data de la dictadura militar y que le puede traer muchos dolores de cabeza en la justicia local si Marsans da pelea por la que considere una justa indemnización.

La Ley Nacional de Expropiaciones tiene el número 21.499 y fue dictada por el Proceso en 1977.
Por aquella época se puso en marcha un plan de obra pública, especialmente de autopistas y rutas. El gobierno militar quiso regular una serie de procedimientos que hasta ese momento habían sido muy informales y que habían dado lugar a arreglos espurios entre el Estado expropiante y el expropiado.

La ley especial que votará el Congreso antes de fin de año hará remisión a la 21.499 que fija el procedimiento que le permite al expropiado pelear en la Justicia una recompensación por ceder su propiedad al Estado.

El primer paso del Parlamento será declarar de utilidad pública a Aerolíneas y Austral. Éste es el fundamento legal de la expropiación.

La ley 21.499 establece que se expropian “todos los bienes necesarios o convenientes para la satisfacción de utilidad pública”.

Éste fue un punto caliente cuando se discutió la norma que promovió el rescate de las empresas por medio de la compra de acciones.

A mediados de año, la oposición pidió la expropiación y el mismo secretario de Transporte –que hoy la promueve– se mostró en contra porque la normativa habla de expropiar bienes y no acciones de compañías. Marsans controla el 94% de Aerolíneas y el 97% de Austral.

La norma exige una indemnización al expropiado. Algo que busca Marsans y que está dispuesto a reclamar también en tribunales internacionales por un monto superior a los u$s1.560 millones.

En este punto, la ley de expropiación favorece al Gobierno. El precio de la compensación corre por cuenta del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el mismo que ya fijó un valor negativo de hasta u$s800 millones para Aerolíneas y u$s620 millones para Austral por el elevado pasivo acumulado.
Según la norma, puede haber “avenimiento” si el expropiado acepta el valor. Pero de lo contrario, se abre un proceso judicial en el fuero federal con jurisdicción en lo contencioso administrativo que puede llevar años, de acuerdo con los expertos en la materia consultados.

Marsans rechazó vender sus acciones al valor fijado por el TTN. En paralelo, el juez debe dictar la toma de posesión del bien por parte del Estado que ya había sido declarado de utilidad pública.

Como parte del proceso judicial, cada parte y el magistrado nombran un perito tasador, obligados a presentar un informe. Y otra vez el Tribunal de Tasaciones deberá dar un dictamen al que se suma el de los peritos.

Con toda esta información, el juez deberá dictar la sentencia que dirime el asunto. Vaya uno a saber cuándo.

La Justicia debe dictar la posesión del bien al Estado luego de la declaración de utilidad pública.

El miércoles habría dictamen

El Frente para la Victoria presentará esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de expropiación de Aerolíneas Argentinas que contempla declarar a la empresa de “utilidad pública”. Asimismo, el interventor judicial de Aerolíneas Argentinas, el contador José Luis Perrone, asumirá esta semana. La iniciativa oficial será discutida el miércoles en las comisiones de Transporte y de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ocasión en que el bloque del FpV intentará aprobar el dictamen.

Perón no lo hizo

En 1946, los ferrocarriles privados en la Argentina estaban en crisis. Sus dueños, mayormente británicos, enfrentaban tres posibilidades: formar una empresa mixta, en la que el Estado hiciera las inversiones necesarias para renovar el parque rodante e infraestructura y ellos asegurarse las ganancias como gerenciadores.

En buen romance, las pérdidas se debían socializar, los beneficios, privatizar. Los asesores más cercanos al presidente Perón recomendaban una expropiación revolucionaria.

Japón lo había hecho con sus ferrocarriles. El general Lázaro Cárdenas en México se quedó así con el petróleo y el ex presidente Siles Zuazo con el estaño en Bolivia. En la Argentina, un sector militar levantaba la bandera de que los hidrocarburos, el acero, las comunicaciones, las vías navegables, el transporte y otros resortes del desarrollo estratégico deberían estar dentro de la órbita del Estado. Sin embargo, Perón entendió que no era conveniente romper con Inglaterra.

En febrero de 1947, pagó 150 millones de libras esterlinas para quedarse con las vías y el material rodante que estaban en manos británicas.