25/11/2008 02:14
Página 12 - Nota - El País
EL PAIS › DENUNCIA DE LA FISCALIA
DE ESPAñA
Las cuentas de la SEPI
La Fiscalía que investiga la privatización
de Aerolíneas Argentinas pidió
que declaren como imputados dos ex directivos
y un directivo de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) por
presuntas irregularidades en la utilización
de los fondos públicos concedidos
por ese organismo para la cancelación
de las deudas de la compañía.
En un escrito presentado ante el Juzgado
de Instrucción número 35 de
Madrid, la Fiscalía se adhiere a
la petición del abogado Rafael Caro
Moya de que se llame a declarar como imputados
a Pablo Olivera, Juan Massé y Juan
Gurbindo, que en 2001 desempeñaban
los cargos de vicepresidente, director general
y director de Administración y Recursos
de la SEPI, respectivamente.
La petición de la Fiscalía
no implica que los afectados sean citados
finalmente como imputados, ya que la decisión
corresponde a la jueza. Quiere que se interrogue
a los directivos sobre el documento que
“pretendidamente” firmó
la sociedad estatal en octubre de 2001,
por el que se entregaban 300 millones de
dólares a Interinvest, la propietaria
entonces de Aerolíneas, para cancelar
deudas de la empresa. Según el escrito
de la Fiscalía, ese documento no
fue remitido por la SEPI al Tribunal de
Cuentas para la elaboración del primer
informe de fiscalización sobre la
privatización de Aerolíneas
Argentinas. Además, la investigación
señala que Air Comet, la empresa
que se adjudicó Aerolíneas
en el proceso de privatización, utilizó
el dinero de la SEPI para comprar los créditos
de los acreedores de la compañía
aérea, lo que le permitió
convertirse en el principal acreedor en
el procedimiento de suspensión de
pagos que se tramitaba entonces en Argentina.
De esta manera, Air Comet logró que
se aprobase el convenio de acreedores de
Aerolíneas con una quita del 60 por
ciento y un pago del 40 por ciento de las
deudas. “Tal forma de proceder podría
suponer asimismo un cambio penalmente relevante
en el destino de los fondos públicos
gestionados por SEPI en relación
con lo expresamente autorizado por el acuerdo
de privatización aprobado por el
Consejo de Ministros”, señala
la Fiscalía.
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