26/11/2008 01:30
Clarín - Nota - El País - Pág.12
RECLAMO QUE EL ESTADO PAGUE "UN PRECIO JUSTO" POR LA COMPAÑIA
Aerolíneas: para Marsans, se trata de una "confiscación"

Confiscación", fue el modo en que el un alto ejecutivo del grupo español Marsans, dueño mayoritario de Aerolíneas Argentinas y Austral, calificó el proceso de expropiación al que el oficialismo en el Congreso está sometiendo a las dos compañías.

"No entendemos que sea una expropiación, sino una confiscación. No podemos consentir que se apropien (de Aerolíneas y Austral) sin pagar un precio justo", dijo Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans, en declaraciones a radio Mitre. La diferencia entre una figura y otra es precisamente esa. En la expropiación, aquel que se ve obligado a desprenderse de un bien -por razones de utilidad pública declarada por ley- recibe a cambio una indemnización que se considera razonable. Marsans adelantó que denunciará a la Argentina ante la Justicia local -donde podrá reclamar por el valor de esa indemnización- y ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

Todo esto, en caso de sancionarse la ley que varios legisladores impulsan desde el lunes pasado en la Cámara de Diputados. El grupo español y el Gobierno no se ponen de acuerdo en la tasación de las empresas. En este sentido, Muñoz insistió en llamar a un tercer tasador, opción que la Casa Rosada rechaza.

El Tribunal de Tasación de la Nación calculó para ambas líneas aéreas un patrimonio neto negativo de 832 millones de dólares, mientras que para Marsans las empresas valen alrededor de 400 millones de dólares. Desde el viernes pasado, por otra decisión judicial, Aerolíneas tiene un interventor veedor e informante. Se llama José Luis Perrone y su designación había sido solicitada por la secretaría de Transporte.

Peritaje en el caso Skanska

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó un
peritaje contable sobre los precios en la ampliación de gasoductos en la que intervino la constructora Skanska, en 2005.

En la causa se investiga si esos montos estuvieron sobrevaluados. El juez convocó a contadores de la Corte y de la Facultad de Ingeniería. Les formuló 17 preguntas sobre los costos de las polémicas obras.