19/11/2008 02:18
Ambito Financiero - Nota - Economía - Pág.1
El Estado asumirá la deuda de las empresas. El grupo Marsans podría iniciar juicio ante el CIADI
En plena crisis avanza la expropiación de Aerolíneas

El oficialismo del Congreso aprobó ayer en la comisión bicameral sobre Aerolíneas Argentinas un dictamen que declara de utilidad pública la empresa y que ordena a las dos cámaras legislativas una ley que la expropie. ¿Necesita el país, y más en medio de una crisis de dimensiones desconocidas, sumar un gasto de u$s 1,5 millón por día de una empresa que, además, es deficitaria y tiene el récord de empleados por avión (344 por cada nave, cuando las compañías de su competencia tienen entre 60 y 100 empleados por avión)? El dictamen le crea al gobierno el espacio como para avanzar en alguna negociación de Estado a Estado con España en busca de un acuerdo que le cueste menos al país, con el argumento de que el Congreso no le deja otro remedio que la expropiación. Esta trama es una radiografía del gobierno, cuyos funcionarios firmaron un acuerdo con la empresa Marsans que se envió al Congreso. El Poder Legislativo, que el oficialismo presume de dominar, rechazó legalizar ese acuerdo, desnudando la debilidad del gobierno. Anoche, el bloque de diputados del PJ decía haber recibido la instrucción de "arriba" (de Olivos, donde mora Néstor Kirchner, o de Túnez, en donde estaba ayer Cristina de Kirchner) de redactar cuanto antes el proyecto de ley de expropiación de la empresa, un trámite que, expresado así, parece más ruinoso aún. Por lo menos, la oposición pide se expropien los activos y no el fondo de comercio de la aerolínea, de manera de que el Estado eluda por lo menos asumir sus deudas y no se exponga a un juicio en CIADI del Banco Mundial. Penoso camino para un conflicto en el que parecen ceder los gobiernos y la empresa, pero en la que hay un protagonista que no resigna nada: el sindicalismo voraz.

En el medio de la crisis financiera y cuando el Estado no debería asumir nuevos compromisos de deuda, la comisión bicameral que controla el proceso de estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral emitió ayer un dictamen recomendando al Congreso declarar de utilidad pública a las empresas y proceder a su expropiación. Ese dictamen se convertirá hoy en un proyecto de ley que deberán luego aprobar los recintos de Diputados y el Senado.

El gobierno ya habilitó a los diputados y senadores para que avancen con la redacción de un proyecto de ley de expropiación que hoy elaborarán el bonaerense Mariano West (presidente de la bicameral) y el diputado Alejandro Rossi. Esa iniciativa será presentada hoy y comenzará a debatirse la semana próxima. Todo indica que si para ese momento no aparece un acuerdo con el Grupo Marsans, el Congreso avanzará con la ley. De hecho, ayer por la mañana Ricardo Jaime, secretario de Transporte, ya había comenzado a adelantar la estrategia al afirmar que todo el proceso estaba ahora en manos del Congreso.

Ese proyecto se redactará sobre la base del dictamen que emitió la bicameral por unanimidad después que se levantó la reunión informativa a que había sido invitado Horacio Fargosi, quien dijo desconocer la situación de la negociación entre Aerolíneas y el gobierno por la estatización.

Las diferencias entre el oficialismo y la oposición en este caso hacen recordar al debate sobre la estatización de las AFJP. Todos los diputados y senadores están de acuerdo en avanzar con la expropiación de las líneas aéreas. En el caso del kirchnerismo, se habla de toda la empresa, mientras que el radicalismo y el PRO propusieron, sin éxito, que se pidiera a la Justicia la quiebra de Aerolíneas garantizando la continuidad de las operaciones, y expropiando sólo los activos.

La decisión de avanzar con el proyecto incluye algunas decisiones internas del propio bloque kirchnerista: para el debate removerán de la presidencia de la Comisión de Transporte a la rebelde Zulema Daher, que ya no pertenece al bloque Frente para la Victoria, para asegurar allí a un kirchnerista puro que no complique el debate.

La expropiación de Aerolíneas Argentinas implica que el Estado nacional se hará cargo no sólo de la empresa y su déficit operativo (que se evalúa en u$s 1,5 millón diario), sino también de las deudas acumuladas por la empresa que la Auditoría General de la Nación estimó en u$s 890 millones.

Controversia

Las diferencias así planteadas parecen insalvables: según el Tribunal de Tasación de la Nación, la empresa tiene hoy una valuación negativa de u$s 832 millones, mientras que la presentada por Marsans y elaborada por el banco Credit Suisse fijó el precio entre u$s 330 y u$s 540 millones.

La decisión tomada ayer marcatambién una diferencia esencial con la expropiación que proponía la oposición: para el radicalismo y el PRO, el gobierno debería haber pedido la quiebra de las líneas aéreas ante la Justicia, reclamando la continuidad de las operaciones para luego expropiar los activos, asumiendo el personal que hoy trabaja en ambas líneas aéreas, mientras que el camino elegido por el kirchnerismo implica asumir la deuda y hasta abrir la posibilidad de que Air Comet-Marsans inicie un juicio contra el Estado ante el tribunal del CIADI en el futuro.

Uno de los primeros en reaccionar ayer fue el radical Gerardo Morales desde Guadalajara, México, adonde concurrió para la reunión de la Internacional Socialista: «Nosotros planteábamos la expropiación, pero en el marco de la ley de concursos y quiebras. Esto ahora lo vamos a evaluar, pero no es lo que nosotros sosteníamos, porque la salida que busca el gobierno es una expropiación de la peor manera: ahora estamos haciéndonos cargo de la deuda y todavía habilitando la posibilidad de que nos hagan juicio. Es el peor de los mundos».

Desde el PRO, Esteban Bullrich y Rubén Lanceta también se opusieron a la decisión de la bicameral: «No vamos a avalar un dictamen que obliga a los argentinos a hacerse cargo de la deuda de una empresa privada y de la irresponsabilidad del gobierno a la hora de controlar», dijo Bullrich. «Por esto, propusimos dejar sin validez los efectos del acta acuerdo, expropiar sólo los activos que tiene de la empresa según el informe de la Auditoría y el Tribunal de Tasación, y que el Estado no se haga cargo de la deuda.»

El dictamen se firmó ayer después de una polémica reunión de la bicameral donde habían sido citados el presidente de Aerolíneas, Fargosi, y otros representantes del directorio.

La reunión comenzó cuando West le comunicó a Fargosi que la comisión había avalado la valuación del Tribunal de Tasaciones y le preguntó por su parecer: «¿En carácter de qué me hace la pregunta?», le respondió Fargosi.

Negociadores

«En su carácter de presidente de Aerolíneas Argentinas», replicó West. «Yo no manejo esa negociación, está en manos de los apoderados Vicente Muñoz y Eduardo Aranda.» Como uno de ellos no está en el país, Fargosi comprometió su presencia para la semana próxima. Pero para ese momento los ánimos en la bicameral no estaban ya para seguir escuchando explicaciones.

«Es extraño que quien le otorgapoder a otro sepa menos que el apoderado», dijo el kirchnerista Nicolás Fernández. En la vereda de enfrente, el macrista Bullrich afirmó: «Esto es una parodia que le va a costar mucho a la Argentina, y nos están faltando el respeto a todos; se está negociando por otro lado». En cinco minutos todo terminó: West decidió primero pasar a un cuarto intermedio, pero después se optó por levantar la reunión prevista para la próxima semana e inmediatamente se pasó a firmar el despacho habilitando el proceso de expropiación. Así, los diputados y senadores firmaron un acta por medio de la cual se pedirá la aprobación de una ley que habilite a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, tal como consta en el artículo 3 del dictamen.

«Vamos a pedir que se propicie la sanción de una ley que declare a Aerolíneas Argentinas y Austral de utilidad pública y se proceda a su expropiación», dijo ayer el kirchnerista West, e inmediatamente le pidió al gobierno que tome «todas las medidas posibles para garantizar el transporte público».

El dictamen de la comisión hubiera servido, en principio, para presionar al Grupo Marsans a avanzar en una negociación que hoy estaba estancada. De hecho, se cree que la estrategia de la propia Cristina de Kirchner era mostrarle en febrero a José Luis Rodríguez Zapatero ese pronunciamiento del Congreso como una presión para llegar a un acuerdo. Pero al avanzar directamente con el tratamiento de una ley de expropiación, el gobierno desecha cualquier negociación futura.