19/11/2008 01:23
                                      BAE - Nota - Argentina - Pág.3
                                      Con el aval de la bicameral, 
                                      preparan una ley para expropiar Aerolíneas 
                                      y Austral
                                      >Fue luego de que el grupo Marsans rechazara 
                                      la valuación oficial
                                    NELSON MARINELLI nmarinelli@buenosaireseconomico.com
                                    La comisión que interviene en el 
                                      tema de Aerolíneas emitió 
                                      ayer un dictamen donde recomienda la sanción 
                                      de una ley de expropiación del grupo 
                                      –que incluyen también a Austral, 
                                      Jet Paq y Aerohandling– declarándolas 
                                      de “utilidad pública”.
                                    Cuando la reunión ya se levantaba 
                                      y los senadores y diputados de la comisión 
                                      bicameral se dirigían a sus respectivos 
                                      despachos, se acercó corriendo la 
                                      secretaria de ese cuerpo y les entregó 
                                      una nota que habían dejado en sus 
                                      manos los representantes de Marsans Horacio 
                                      Fargosi y Jorge Molina, que minutos antes 
                                      habían pedido una prórroga 
                                      hasta mañana para exponer sobre los 
                                      criterios de su valuación del Grupo 
                                      Aerolíneas. En el escrito, el grupo 
                                      español rechazaba la valuación 
                                      realizada por el Tribunal de Tasación, 
                                      donde se plantea que las aéreas tienen 
                                      una valoración negativa de u$s832 
                                      millones y adelantaban que, sobre esa base, 
                                      no estaban dispuestos a venderlas.
                                      
                                      La sorpresa de los legisladores fue grande, 
                                      no sólo por el carácter elusivo 
                                      de la entrega sino porque la nota estaba 
                                      firmada por Vicente Muñoz y Eduardo 
                                      Aranda, los dos negociadores del grupo español 
                                      que no habían concurrido a la reunión 
                                      de la bicameral porque, supuestamente, no 
                                      estaban en el país y, al decir de 
                                      Fargosi, eran los que “conocían 
                                      del tema valuación”.
                                      
                                      Cuando los miembros de la comisión 
                                      se enteraron del contenido del escrito retomaron 
                                      la reunión y, al término de 
                                      ella, dieron a conocer el dictamen aprobado 
                                      donde se plantea “aceptar la valuación 
                                      del Tribunal de Tasación”, 
                                      y recomendar “la elaboración 
                                      de una ley de expropiación de las 
                                      empresas” del Grupo Aerolíneas 
                                      declarándolas de “utilidad 
                                      pública”.
                                      
                                      “Vamos a pedir que se propicie la 
                                      sanción de una ley que declare a 
                                      Aerolíneas Argentinas y Austral de 
                                      utilidad pública y se proceda a su 
                                      expropiación”, sobre la base 
                                      del mecanismo que figura en la Constitución 
                                      Nacional, dijo el legislador oficialista 
                                      Mariano West al concluir la reunión 
                                      de la comisión.
                                      Asimismo, desde ese cuerpo se pidió 
                                      al Poder Ejecutivo que tome “todas 
                                      las medidas posibles para garantizar el 
                                      transporte público”.
                                      
                                      “La ley deberá estar aprobada 
                                      en el curso del actual período legislativo, 
                                      que se ha extendido hasta fines de diciembre”, 
                                      dijo a Buenos Aires Económico el 
                                      diputado Ariel Basteiro, también 
                                      miembro de la comisión bicameral.
                                      
                                      Jorge Molina, vocero de Marsans, la dueña 
                                      de la mayoría de las acciones de 
                                      las compañías, dijo que si 
                                      el Estado procede a la expropiación, 
                                      pueda hacer valer el acta firmada con el 
                                      Gobierno para la venta de la compañía 
                                      y reclamar judicialmente una compensación 
                                      ya que, según el Crédit Suisse 
                                      al cual le pidieron una cotización 
                                      de las aéreas, las compañías 
                                      tienen un valor que oscila entre 330 y 546 
                                      millones de dólares.
                                      
                                      En repuesta, Basteiro dijo que el grupo 
                                      español “está acusado 
                                      en España por la Oficina Anticorrupción 
                                      por manejos fraudulentos del dinero de Aerolíneas, 
                                      está en falta con la ley tributaria 
                                      argentina por no pagar los impuestos ni 
                                      las cargas sociales y está acusada 
                                      de defraudación por la sobreventa 
                                      de tickets por hasta el 300 por ciento. 
                                      Con estos antecedentes, algunos de los cuales 
                                      merecerían penas de prisión, 
                                      me parece que difícilmente pueda 
                                      presentarse ante el ámbito que quiera 
                                      para pedir una compensación”, 
                                      añadió el legislador.
                                      
                                      Con el aval del Gobierno nacional, legisladores 
                                      oficialistas comenzaron anoche mismo la 
                                      elaboración contrarreloj de un proyecto 
                                      de ley de expropiación de las cuatro 
                                      compañías del grupo. Los más 
                                      optimistas estiman que la ley podría 
                                      estar aprobada en quince días, habida 
                                      cuenta de que habría consenso en 
                                      el bloque oficialista para sacarla. Otros 
                                      creen que, como mínimo, el trámite 
                                      parlamentario llevará un mes.