24/10/2008 03:50
La Nación - Nota - Opinión
- Pág.21
¿Quién cree
en la palabra oficial?
Por Alejandro Carrió
Para LA NACION
Durante la campaña para las elecciones
presidenciales ganadas finalmente por John
F. Kennedy en los Estados Unidos, sectores
demócratas habían ideado un
eslogan tendiente a desacreditar al candidato
republicano, Richard Nixon: "¿Le
compraría Ud. un auto usado a este
hombre?". Se trataba, claro está,
de un intento de atacar su credibilidad.
En estos días, el país asiste
a un intenso debate producto de la última
iniciativa del Gobierno, por la que se busca
"estatizar" los fondos de las
jubilaciones y pensiones. Hace no mucho
las autoridades gubernamentales dieron a
los ciudadanos la opción, y un gran
número de ellos prefirió el
sistema privado al estatal. Con lo cual,
no estaría mal que fueron esos mismos
habitantes quienes tomaran una decisión
de tanta trascendencia para su futuro.
Pero con independencia de la legalidad
de una medida de esta naturaleza, creo que
el mayor problema que la iniciativa oficial
enfrenta es que probablemente una buena
cantidad de ciudadanos están autorizados
a desconfiar. ¿Los gobernantes no
usarán ese dinero en gastos propios
de la política, o bien en satisfacer
necesidades de corto de plazo, o en el pago
de la deuda pública? Están
autorizados a temer que se les dé
un destino que no es exactamente el resguardo
de esos fondos para cuando el jubilado los
necesite.
Es cierto que nuestras autoridades planean
dotar al régimen de algún
tipo de declaración en el sentido
de que el Estado "garantiza" la
intangibilidad de esos fondos. El problema
es que los argentinos, a lo largo de los
años, nos hemos acostumbrado al escaso,
cuando directamente nulo, efecto de este
tipo de declaraciones. Muy pocos meses antes
de la instalación del corralito y
de la sanción del régimen
de pesificación de comienzos de 2002,
el Congreso había dictado la ley
25.466, de intangibilidad de depósitos
bancarios. Allí se había declarado:
"El "Estado en ningún caso
podrá alterar las condiciones pactadas
entre los depositantes y las entidades financieras".
Todos sabemos qué sucedió
después.
Es también muy difícil mantener
la fe en lo que nuestros gobernantes afirman
cuando nunca se ofrecieron explicaciones
claras sobre el destino de los fondos públicos
remitidos al exterior durante los años
90 por la Provincia de Santa Cruz. Existen
numerosas investigaciones penales sobre
variados casos de alegado mal uso de dineros
públicos.
Cada tanto, algún funcionario aparece
por la televisión dando explicaciones
sobre episodios tales como el de la valija
de Antonini Wilson, la credibilidad del
Indec, o la reestatización de Aerolíneas
Argentinas. La pregunta que deberían
ellos hacerse es cuánta credibilidad
sus dichos despiertan. Realmente no me sorprendería
que si en ese momento algún medio
pusiera al aire una encuesta al estilo de
"¿Ud. le cree a este funcionario?",
cosecharía de manera inmediata unas
cuantas respuestas negativas.
El problema más serio que, en mi
opinión, enfrentan hoy en día
nuestros gobernantes es el de su escasa
credibilidad. Aunque es posible que el equivocado
sea yo, y que sean muchos aquellos dispuestos,
de todas maneras, a comprarles un auto usado.
El autor es abogado. Es presidente de la
Asociación por los Derechos Civiles
de la República Argentina.
