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La Nación - Nota - Cartas
de Lectores - Pág.17
El tortuoso rescate de Aerolíneas
Argentinas
Por Adolfo Rodríguez Saá
Para LA NACION
El Congreso de la Nación aprobó,
pese a las voces que alertaron sobre lo
que iba a suceder, el llamado rescate de
Aerolíneas Argentinas, mediante la
compra de su paquete accionario; si bien
no se aprobó el acta de acuerdo que
había suscripto el secretario de
Transporte de la Nación con los representantes
de Interinvest S.A., tampoco quedó
bien expresado su rechazo. El Poder Ejecutivo
Nacional contaba con las herramientas para
avanzar en una quiebra, la única
manera de transparentar lo ocurrido y también
para adquirir la empresa >por un precio
justo asegurando la prestación del
servicio. Efectivamente, la empresa se encontraba
en cesación de pagos.
Esto no sólo fue expuesto por el
PE en el mensaje de elevación del
proyecto de ley, sino que también
lo dijo Julio Alak, director por el Estado
y gerente general de Aerolíneas Argentinas
S.A., y reconocido por Vicente Muñoz,
director corporativo de Marsans y miembro
del Consejo de Transición, durante
el plenario de comisiones, al tratarse el
proyecto de ley en el Senado de la Nación;
éste expresó que nunca habían
negado la cesación de pagos y que
se habían cansado de perder dinero.
Además, lo había dicho la
propia Presidenta. Existía, entonces,
una confesión pública de su
estado de insolvencia, amén de los
hechos que lo demostraban.
El Estado estaba legitimado como acreedor
para solicitar la declaración de
quiebra. Según el informe del pasivo
que por escrito había dejado el secretario
de Transporte en el Senado de la Nación,
la Fuerza Aérea Argentina era titular
de un crédito concursal privilegiado,
por la suma de US$ 13.986.462; además,
en el pasivo posconcursal, el Estado es
acreedor por US$ 48.616.398 en concepto
de protección radioeléctrica,
tasas, contribuciones patronales, aportes
e ingresos brutos de administraciones provinciales.
Estaba asegurada la continuidad del servicio.
El Estado comenzó las transferencias
de fondos el 11 de julio y alcanzó
el 26 de agosto la suma de $309.200.000,
según informó Julio Alak,
y no es menor recalcar que las transferencias
se realizaron aun antes de suscribir el
acta acuerdo de rescate de la empresa con
fecha del 17 de julio. Tácitamente,
el Estado había tomado la conducción
de la empresa.
Se lo catalogara o no como servicio público,
en los hechos se le estaba dando ese tratamiento;
el propio juzgado lo había consignado
en sus resoluciones; consecuentemente, se
estaban aplicando las disposiciones de la
ley de quiebra en materia de servicios públicos,
sin haberla declarado; sólo restaba
la sentencia, cuyo efecto, importantísimo,
no afectaría la prestación
del servicio. Con estos presupuestos asegurados,
avanzar en el camino falencial implicaba
un verdadero beneficio para el país.
La conveniencia de avanzar en la declaración
de quiebra tiene no sólo una razón
jurídica, sino una razón política
pública que merece ser examinada.
La declaración de quiebra permitía
la investigación y determinación
en forma transparente del pasivo. Ante la
quiebra, los acreedores deben concurrir
al juez, y será él quien determine
cuál es el pasivo total de la empresa,
que se abonará con el producido de
su venta. Tal como se ha establecido actualmente,
el Estado se hace cargo del activo y del
pasivo, y al momento de sancionar la ley,
no existía un balance aprobado, y
como dejó sentado en el Congreso
la Auditoría General de la Nación,
no se le habían entregado los papeles
necesarios para poder investigar al respecto.
Actualmente, el balance según las
noticias periodísticas ha sido aprobado
sin la conformidad del Estado nacional,
y existen importantes diferencias en la
tasación del paquete accionario de
ambas empresas, entre la efectuada por encargo
de Interinvest S.A. y la del Tribunal de
Tasaciones de la Nación. La Argentina
podía evitar hacerse cargo del pasivo,
y se tomó la decisión contraria:
se asumió la obligación de
pagarlo en un 100%.
La declaración de quiebra permitía
la investigación de las actuaciones
realizadas en la operatoria de la empresa.
En el mensaje de elevación al Congreso
del proyecto de ley, el PE denunció
que Marsan S.A., como titular mayoritario
de ambas empresas, efectuó una serie
de maniobras comerciales para confundir
los patrimonios, y asumieron Aerolíneas
Argentinas las pérdidas y Austral
Líneas Aéreas-Cielos del Sur
S.A. las ganancias de la operatoria.
También los gremios, al asistir
a la reunión plenaria de comisiones
en el Senado, más allá de
sus distintas posturas, denunciaron graves
irregularidades en el manejo de la compañía
y de sus activos. Es más, Ricardo
Cirielli, secretario general de APTA y subsecretario
de Transporte de la Nación entre
2003 y 2007, dijo haber hecho en 2004 un
informe a la Secretaría de Transporte
en el que denunciaba la falta de inversiones
en Aerolíneas Argentinas y la estafa
que llevaba adelante el grupo Marsans, y
que luego se lo expresó personalmente,
al Presidente.
Hay otro elemento que agregar; en oportunidad
de realizar la sindicatura concursal el
informe general verdadera auditoría
de pasivos, consigna que, a pesar de los
requerimientos realizados, no se ha podido
tener acceso a la documentación y
a los registros de estas empresas, situación
que hace que algunos actos que podrían
ser ineficaces a la luz de la normativa
concursal no hayan podido ser esclarecidos.
Entre ellos, la constitución del
fideicomiso Cóndor, el rescate de
las acciones preferidas, el pago del costo
de la privatización y de los intereses
por Aerolíneas Argentinas S.A., y
de otros actos eventualmente perjudiciales,
a saber: el mecanismo del apalancamiento
instrumentado para adquirir la unidad operativa;
la sobrevaluación de los activos
aeronáuticos por revalúos
técnicos; la transferencia a Interinvest
de las acciones de Austral, entre otros.
Asimismo, deja constancia de que los originarios
accionistas no hicieron los aportes correspondientes
para pagar el costo de la privatización,
cargando Aerolíneas Argentinas con
el pago y el cumplimiento de los intereses
de la financiación.
La declaración de quiebra permitía
investigar todos los actos denunciados por
la sindicatura para ser declarados. Pero
también permitía investigar
la actuación de representantes y
terceros en la facilitación, producción
y/o agravamiento de la insolvencia de la
empresa, para establecer las responsabilidades
que marca la ley concursal y, finalmente,
si los supuestos que referencia el PE en
su mensaje se logran probar, así
como también el vaciamiento denunciado
por los gremios, sería pasible de
ser extendida la quiebra a los causantes
de tal situación, con lo que se lograría
una verdadera recomposición patrimonial
de Aerolíneas Argentinas, además
de las respectivas responsabilidades.
La declaración de quiebra permitía
asegurar la prestación del servicio
por parte del Estado nacional, y adquirir
la empresa a un precio justo fijado judicialmente,
con transferencia de los contratos laborales,
si el Estado los asumía expresamente.
Finalmente, hoy existen importantes diferencias
entre la tasación del Crédit
Suisse, realizada a pedido del grupo Marsans,
y la del Tribunal de Tasaciones de la Nación,
con diferentes interpretaciones del resultado,
con una diferencia aproximada de mil millones
de dólares.
En virtud de lo expuesto es que podemos
evaluar la errónea decisión
del Poder Ejecutivo Nacional de optar por
la medida de la compra del paquete accionario
de la empresa. Efectivamente, la decisión
tomada tiene consecuencias gravísimas:
Con fondos públicos, se abona un
pasivo de una empresa privada. Se nacionaliza
una deuda privada. La pagaremos todos los
argentinos. Se impide una verdadera investigación
sobre sociedades, representantes y terceros,
que aparentemente han vaciado una compañía
en perjuicio de los acreedores, entre los
cuales se encuentran el Estado nacional
y las administraciones provinciales. Se
impide una recomposición patrimonial,
que es el remedio para el vaciamiento denunciado,
y esa recomposición de activos deberá
realizarse necesariamente para continuar
el servicio, y será, lógicamente,
a cargo de los fondos de los argentinos.
¿Es eso trabajar para el bien común?
El autor es senador nacional.
