15/10/2008 01:43
BAE - Nota - Política - Pág.12
Sin acuerdo entre el Estado y el Grupo Marsans por la reestatización de Aerolíneas Argentinas
>Asamblea de accionistas pasó a cuarto intermedio hasta el 12 de noviembre

HÉCTOR MEDINA hmedina@buenosaireseconomico.com Mientras que para el Crédit Suisse, contratado por Marsans, la valuación de la empresa va de 250 M a 450 M de dólares, para el Tribunal de Tasaciones de la Nación sería negativa en u$s600 millones.

Directivos de Interinvest, accionista mayoritario en Aerolíneas Argentinas (controlado por el Grupo Marsans), y del Gobierno se reunieron en la sede de la Secretaría de Transporte de la Nación para considerar la valuación de los activos de la compañía que cada parte realizó, en procura del traspaso de todas las acciones a manos del Estado argentino, en la que existen importantes diferencias respecto del precio de las acciones.

De acuerdo con fuentes que participan de las negociaciones, mientras que para el Crédit Suisse, contratado por Marsans, la valuación de Aerolíneas-Austral oscila en una banda que va de los 250 M a los 450 M de dólares, según el flujo estimado de fondos, desde Transporte se indicó que la valuación encargada al Tribunal de Tasaciones de la Nación habría arrojado un valor negativo del orden de los u$s600 millones.

En vista de estas diferencias, la asamblea de accionistas decidió una impasse hasta el 12 de noviembre.
Respecto del proceso, el diputado Ariel Basteiro, integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y Reforma del Estado, aseguró que “el grupo español volvió a entorpecer la posibilidad de encontrar una salida a la crisis en la que dejaron a Aerolíneas”, tras la asamblea de accionistas que se realizó en la sede que tiene la compañía en la calle Bouchard.

“En el encuentro, mientras los representantes de los accionistas del Estado y del Programa de Propiedad Participada (PPP) rechazaron el balance 2007, el grupo mayoritario lo aprobó. El balance tiene los activos sobrevaluados y, además, no refleja la totalidad de los pasivos.
Esta misma situación ya la habíamos denunciado cuando se trató el año pasado el del 2006”, explicó Basteiro.

Las fuentes coincidieron en que a pesar de las diferencias en distintos puntos, todos los representantes de los accionistas, tanto del Grupo Marsans, como del Estado y del Programa de Propiedad Participada coincidieron en avalar la gestión desarrollada por los directores en representación del Estado (el propio Basteiro), Raúl Algañaraz y del Programa de Propiedad Participada, Jorge Mateo.

A su vez, el diputado del bloque de Encuentro Popular señaló que “lamentablemente el grupo español se negó a permitir la capitalización de los aportes que el Estado nacional realizó estos últimos cuatro meses. De esta manera se pone en peligro la propia continuidad de la compañía. Esto demuestra que el único objetivo de estos empresarios es poner en peligro una empresa de la que dependen millones de argentinos”.

Finalmente, Basteiro señaló que cuando se hizo cargo de la empresa, el Grupo Marsans utilizó una metodología de tasación en la que se consideraron tanto los activos como la deuda que en ese momento tenía la empresa. “Ahora sólo quieren utilizar el flujo de fondos para valuar la empresa.
Este planteo es ridículo. Se debe utilizar el mismo método que se implementó cuando ellos compraron la compañía. En este sentido, el valor que presentó el Tribunal de Tasación es el adecuado”, concluyó Al respecto, el diputado de PRO Esteban Bullrich afirmó que “el hecho de posponerse un mes demuestra que el Gobierno cometió un gran error al firmar el acta; por esto, insistíamos tanto desde la oposición en dejar sin efecto el acta al aprobarse el salvataje de la empresa. Por esto, insistíamos en crear otra empresa, asegurando los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los empleados”, dijo el diputado que integra la Comisión de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.

MEDIDAS. En tanto, la justicia fedederal porteña ordenó al Gobierno nacional abstenerse de aprobar los balances de las empresas aéreas Aerolíneas Argentinas y Austral del 2007 y el 2008 hasta que la Auditoría General de la Nación no presente sus informes respecto del valor de ambas compañías.
Según fuentes judiciales, la medida fue dispuesta por la jueza de primera instancia en lo contencioso administrativo federal Nº 4, Rita Ailán, quien hizo lugar a una medida cautelar pedida por un grupo de diputados nacionales de la Coalición Cívica para frenar la compra de las empresas por parte del Estado al grupo español Marsans, hasta que el organismo de control no dé su opinión al respecto.

Mientras se desarrollaba este cuadro de situación, representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de la Unión del Personal Superior Aeronáutico (UPSA) seguían el desarrollo de la asamblea frente a la sede de la calle Bouchard.

Desde los distintos gremios rechazaron la posibilidad de impulsar una medida de fuerza para “presionar” por la reestatización, aunque deslizaron la posibilidad de implementar un boicot a las empresas de capitales españoles que operan en el sector aerocomercial.
La medida recibió el apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera el titular de peones de taxis, Jorge Viviani.