03/10/2008 02:16 
                                      Crítica - Nota - El País 
                                      - Pág.13 
                                      jaime quiere aerolíneas gratis o 
                                      judicializa 
                                      Tolerancia cero (peso) 
                                    A pesar de los contratiempos con el balance 
                                      2007-2008 de Aerolíneas Argentinas, 
                                      el Gobierno no quiere dilatar mucho más 
                                      el traspaso de la empresa al Estado. La 
                                      pérdida de mercado local e internacional, 
                                      el déficit operativo y el confirmado 
                                      viaje de Cristina Fernández a España 
                                      para los primeros días de febrero 
                                      empujan al Poder Ejecutivo y al grupo Marsans 
                                      a acercar posiciones. Pero el secretario 
                                      de Transporte, Ricardo Jaime, lanzó 
                                      una propuesta que difícilmente sea 
                                      aceptada por Marsans: cero pesos por la 
                                      empresa bajo amenaza de una persecución 
                                      judicial penal. 
                                       
                                      El último bosquejo de ejercicio 2007-2008 
                                      arroja un patrimonio neto negativo de $1.002 
                                      millones. 
                                      En esta cifra el Gobierno se basa para no 
                                      ofrecer dinero, que los españoles 
                                      dejen la empresa sin escándalo y 
                                      así cerrar el asunto lo antes posible. 
                                      De no aceptarse, Jaime amenazó con 
                                      una firme persecución penal a los 
                                      directivos de Marsans por administración 
                                      fraudulenta. 
                                       
                                      La causa fue iniciada por un ex empleado 
                                      de Aerolíneas en 2001 en el juzgado 
                                      de instrucción de Alberto Baños. 
                                      Los españoles pidieron su prescripción 
                                      pero ayer, curiosamente, se conoció 
                                      que el fiscal del proceso se pronunció 
                                      en contra y dijo que el delito continuado 
                                      no prescribe. La denuncia se basa en una 
                                      supuesta utilización indebida de 
                                      los fondos que el Estado español, 
                                      por medio de Interinvest, le dio a Marsans 
                                      para comprar Aerolíneas. 
                                       
                                      Ayer hubo una reunión clave entre 
                                      el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, 
                                      y el subdirector general de Marsans, Vicente 
                                      Muñoz, para intentar llegar a un 
                                      acuerdo. Del lado de Marsans, a pesar de 
                                      todo, se mantienen optimistas. 
                                       
                                      “Nosotros también queremos 
                                      terminar esto. Creo que estamos cerca”, 
                                      dijo una fuente. 
                                      Mucho tiempo no queda para llegar a un acuerdo. 
                                      El 14 de octubre se celebra la asamblea 
                                      de accionistas de Aerolíneas Argentinas 
                                      y allí deberá aprobarse el 
                                      balance 2007. Ese mismo día se vence 
                                      el período de transición. 
                                       
                                      Para cerrar la transferencia de acciones 
                                      al Estado, la Auditoría General de 
                                      la Nación (AGN) tiene que revisar 
                                      el ejercicio del año pasado y el 
                                      de este año hasta el 17 de julio. 
                                      El problema se plantea porque este organismo 
                                      se quejó ante el Congreso de una 
                                      reticencia a la entrega de información 
                                      de parte del auditor de la empresa, PricewaterhouseCoopers. 
                                      El Tribunal de Tasaciones, que le pondrá 
                                      un valor a Aerolíneas por el Estado, 
                                      hizo un reclamo similar. 
                                       
                                      Según informaron fuentes cercanas 
                                      a Price, la AGN cumplió con la formalidad 
                                      de comprometerse a hacer “un buen 
                                      uso” de la información y ahora 
                                      se agilizarían los procesos. 
                                      De todas maneras, la comisión bicameral 
                                      de Reforma del Estado resolvió enviar 
                                      una nota al titular interino de Aerolíneas, 
                                      Julio Alak, para que dé información 
                                      a la Auditoría General de la Nación 
                                      (AGN) y al Tribunal de Tasaciones sobre 
                                      el estado contable “firmado” 
                                      de la empresa hasta diciembre de 2007, y 
                                      hasta el corte del 17 de julio de este año. 
                                       
                                      En este sentido, la bicameral resolvió 
                                      pedir a la AGN que fije nuevos plazos de 
                                      trabajo, en caso de que no pueda contar 
                                      con la información. 
                                       
                                      Además, la comisión resolvió 
                                      pedirle por escrito al Tribunal de Tasaciones 
                                      que “elija y proponga un único 
                                      método” para valuar a Aerolíneas 
                                      y Austral, con lo que se evitaría 
                                      una discusión posterior entre los 
                                      legisladores sobre cuál es la mejor 
                                      opción para definir el valor comercial 
                                      de las empresas. 
                                      El acta acuerdo firmada entre el Gobierno 
                                      y Marsans prevé valuar las firmas 
                                      según el flujo futuro de fondos, 
                                      mientras que el Tribunal de Tasaciones se 
                                      inclina más hacia el método 
                                      tradicional de activos menos pasivo.  
                                      
                                      
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