18/10/2008 05:05
Página 12 - Nota - Economía - Pág.10
Una jugada que no llegó a despegar

Tal como era previsible, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, rechazó ayer la posibilidad de dejar Austral en manos de Marsans circunscribiendo el rescate accionario a la degradada Aerolíneas Argentinas. Lo hizo cuarenta y ocho horas después que el accionista privado hiciera saber a través de los medios que le había arrimado al Gobierno una propuesta para quedarse con la primera desligándose de la segunda y poco después que Julio Alak, gerente general de la transición, estrenara su función como vocero de la privatizada emitiendo un comunicado sobre el reciente aumento salarial a los pilotos. Dos hechos casi anecdóticos que ilustran cuán difícil está resultando la reestatización de la línea de bandera a través del buscado acuerdo de partes.

“Nosotros tenemos que cumplir la ley que establece el rescate de ambas compañías, Austral y Aerolíneas Argentinas, y eso es lo que vamos a llevar adelante”, sentenció ayer el secretario de Transporte en declaraciones radiales. “La recuperación de las empresas será a través de la compra de las acciones y el valor será determinado por el Tribunal de Tasaciones”, remató. Después de haber analizado cómo responder a la operación mediática de los españoles, Jaime optó por hacer estas declaraciones a una radio de su Córdoba natal, sin abundar en los fundamentos de aquella decisión. Estos, sin embargo, a priori parecen obvios.

Aerolíneas y Austral pertenecen mayoritariamente a Interinvest, a su vez, de Marsans. Pero mientras el Estado tiene un 5 por ciento de participación accionaria en la primera, no tiene nada en la segunda, donde a los trabajadores les corresponde el 10 por ciento a través del Programa de Propiedad Participada (PPP). Ambas tienen patrimonio neto negativo. Pero los recursos necesarios para eludir la liquidación de la primera son infinitamente mayores que los requeridos para la segunda, que hoy tiene la mayor parte de las frecuencias de cabotaje y se sostuvo gracias a que los pasivos para garantizar la operatividad fueron cargados sobre el balance de la empresa madre, Aerolíneas.

La idea que hicieron pública los españoles ahora se corresponde con una fantasía más antigua de Marsans, que hasta hace cuarenta y ocho horas los españoles negaban. Admitir ese afán, de algún modo, hubiera significado dar entidad a las denuncias que hizo el actual legislador y ex director por el Estado, Ariel Basteiro, cuando hace un año denunció que había un vaciamiento de Aerolíneas en favor de Austral, a través de la transferencia de equipos y frecuencias domésticas, en las que las empresas lideran cómodas el mercado.

Hace un largo año, los españoles explicaban a través de su vocero que atribuirles aquella intención era absurdo, simplemente, porque como el grueso de los destinos son deficitarios, endilgárselos a Austral implicaba “alivianar” a Aerolíneas. “Es una mala interpretación de las decisiones gerenciales”, se defendía entonces el director por los accionistas privados y vocero Jorge Molina, expulsado horas atrás de esta última función por Alak, quien decidió asumir este papel.

El gerente general de la transición le reconoce a Molina su papel de directivo por el lado de Marsans, pero le indicó abstenerse de hacer declaraciones en nombre de la privatizada en vías de reestatización. Ayer, supervisó el comunicado por el cual la empresa aclaró que el reciente incremento salarial del 9,1 por ciento a los pilotos de Aerolíneas, nucleados en APLA, es parte de las “negociaciones salariales con todos los sindicatos” sobre la pauta de ajustes que oscilaron entre el 9 y el 13 por ciento. Por desinteligencias con Marsans, aquel es el único sindicato que no había tenido ese ajuste que ahora se formalizó (ver aparte).

Mientras Alak defiende una de sus últimas decisiones gerenciales, Jaime afirma la voluntad de rescatar Aerolíneas y Austral a través de la compra de acciones, tal como prevé la ley votada el mes pasado. Los dichos del secretario descalifican la idea que germina en el Congreso de avanzar con una eventual expropiación por falta de acuerdo con el accionista privado sobre cómo puede concretarse esa operación onerosa. Pero no arrojan luz sobre cómo formalizar ese rescate de modo amistoso y no lesivo para el Gobierno.