20/10/2008 01:46 
                                      Crítica - Nota - El País 
                                      - Pág.10 
                                      La UCR pide anular el acuerdo por Aerolíneas 
                                      El acta de Jaimito vuela 
                                      a la Justicia 
                                       
                                      >La oposición quiere evitar que 
                                      la empresa Marsans tenga argumentos para 
                                      recurrir al CIADI con el documento firmado 
                                      con el secretario de Transporte. 
                                    
                                     
                                      El diputado Rubén Lanceta, uno de 
                                      los dos radicales que integran la comisión 
                                      bicameral que monitorea la reestatización 
                                      de Aerolíneas Argentinas, pedirá 
                                      la nulidad del acta-acuerdo que el secretario 
                                      de Transporte, Ricardo Jaime, firmó 
                                      con el grupo español Marsans. 
                                      La presentación judicial ingresará 
                                      hoy a la mesa de entradas de la justicia 
                                      del fuero contencioso administrativo. 
                                       
                                      Más allá de la suma de definiciones 
                                      a las que recurre el legislador para sostener 
                                      la nulidad “absoluta e insanable” 
                                      del documento, el principal objetivo apunta 
                                      a quitarle argumentos a Marsans ante un 
                                      posible reclamo ante el CIADI. 
                                       
                                      Durante la discusión parlamentaria, 
                                      la vigencia del actaacuerdo fue la piedra 
                                      de la discordia. 
                                      El Gobierno pidió su ratificación 
                                      por ley. El oficialismo sancionó 
                                      la norma excluyendo el acta. El documento, 
                                      que le permitió al kirchnerismo desembarcar 
                                      en la empresa de aeronavegación, 
                                      está vencido. En diálogo con 
                                      este diario, Lanceta señaló 
                                      que “la anulación del acta 
                                      significa que no hay derechos subjetivos 
                                      a favor de Marsans”. 
                                       
                                      De esta manera se debilitaría cualquier 
                                      futuro reclamo del grupo español 
                                      ante el tribunal arbitral internacional 
                                      ya que el legislador consideró que, 
                                      aunque vencida, el acta le otorga derechos 
                                      a Marsans. Allí se sostiene que, 
                                      en caso de discrepancia entre la tasación 
                                      realizada por el grupo español y 
                                      la formulada por el Gobierno, se debería 
                                      recurrir a una tercera opinión inapelable. 
                                       
                                      Para el diputado radical, la tercera tasación 
                                      no sería aceptada por el Congreso, 
                                      ya que tanto oficialistas como opositores 
                                      rechazarían darle valor a la empresa. 
                                      Y el incumplimiento de ese último 
                                      tercer paso previsto le permitiría 
                                      decir a Marsans que “detrás 
                                      de todo el proceso se encubría una 
                                      expropiación indebida”. 
                                      Cuando el legislador dice “todo el 
                                      proceso” se refiere a las negociaciones 
                                      que Jaime y el grupo español comenzaron 
                                      hace más de un año. Negociaciones 
                                      que define como parte de una estrategia 
                                      del kirchnerismo para quedarse con la empresa 
                                      y como “nada limpias”. “Estoy 
                                      convencido de que había un negocio. 
                                      Se le pagaba a Marsans, se recuperaba Aerolíneas 
                                      y se volvía a privatizar. Ésa 
                                      era la estrategia. 
                                       
                                      En el medio nadie contó con que el 
                                      kirchnerismo se desinfló políticamente 
                                      después del conflicto con el campo”, 
                                      señaló Lanceta. 
                                      Para el diputado radical, la mejor manera 
                                      para definir la nulidad del acta es mediante 
                                      una resolución judicial. Algo que 
                                      está atado a los vaivenes y a los 
                                      tiempos de la Justicia. Por lo pronto, la 
                                      asamblea de accionistas postergó 
                                      el acta por un mes más. El legislador 
                                      radical aseguró a este diario que 
                                      “hará todo lo posible para 
                                      que el futuro de Aerolíneas se defina 
                                      antes de un mes”. 
                                       
                                      Los legisladores oficialistas y opositores 
                                      coinciden en que la definición será 
                                      con una ley de expropiación. Lanceta 
                                      consideró que si la norma declara 
                                      la utilidad pública del bien, se 
                                      limitarán los activos. En buen romance 
                                      esto significa no asumir la deuda del grupo 
                                      español. El radicalismo asegura que 
                                      entre los pagos realizados más el 
                                      dinero que implica la puesta en valor de 
                                      la compañía, el Estado tendría 
                                      que desembolsar “unos 3 mil millones 
                                      de dólares”. Malos tiempos 
                                      para gastos en efectivo. 
                                      
                                      
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