11/09/2008 
                                      Ambito Financiero - Nota - Economía 
                                      - Pág.8
                                      Vicente Muñoz, CFO del grupo español, 
                                      culpa a pilotos por la crisis de la aérea
                                      Marsans: "Habrá 
                                      acuerdo con el gobierno por Aerolíneas"
                                    Por: Sergio Dattilo
                                      Creo que vamos a arreglar con el gobierno. 
                                      La gentede la Universidad de Buenos Aires 
                                      nos parece muy profesional, que entiende 
                                      de valuaciones y del mercado aéreo, 
                                      y sin dudas llegaremos a un precio que dejará 
                                      conformes a todos.» En el despacho 
                                      que aún ocupa en el noveno piso de 
                                      la Torre Bouchard, Vicente Muñoz, 
                                      director financiero del Grupo Marsans, le 
                                      dijo a este diario que en la empresa había 
                                      «grandes esperanzas de salir bien 
                                      de la Argentina.
                                    ¿Qué pasará 
                                      el 14 de octubre, día en que se cae 
                                      el actaacuerdo? «El día 15 
                                      volveremos a gestionar la empresa. ¿Si 
                                      hay un paro el 16? Haremos lo que tengamos 
                                      que hacer: despedir a los pilotos que se 
                                      nieguen a volar. O sea: gestionar la empresa», 
                                      adelanta Muñoz pintando un escenario 
                                      casi apocalíptico. Obviamente, sin 
                                      pilotos la aérea dejará de 
                                      funcionar. «De todos modos, es sólo 
                                      una posibilidad remota: confiamos en que, 
                                      para entonces, se habrá pactado un 
                                      valor razonable para nuestra salida de la 
                                      empresa.»
                                    El optimismo de Muñoz 
                                      se basa -según dice- en las reuniones 
                                      que ya mantuvieron con los economistas de 
                                      la UBA, pero reconoce que «quizás 
                                      pase que el precio que acordemos con el 
                                      gobierno no sea aceptado por el Congreso, 
                                      con lo que se volvería a la gestión 
                                      de Marsans, como le dije antes».
                                    El ejecutivo revela por 
                                      primera vez que el embajador español 
                                      Rafael Estrella presenció la firma 
                                      del acta-acuerdo entre el ministro Julio 
                                      De Vido y los dueños de Marsans, 
                                      Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán. 
                                      Afirma que «si se ignorara este acta, 
                                      sin dudas constituiríapoco menos 
                                      que una burla al gobierno español. 
                                      Por eso, y porque Gerardo es presidente 
                                      de la CEOE (la UIA española) y está 
                                      en contacto permanente con el gobierno, 
                                      sabemos que el ministro Miguel Sebastián 
                                      no ha ocultado su disgusto por la forma 
                                      en que avanza este proceso». Sin embargo, 
                                      la administración de José 
                                      Luis Rodríguez Zapatero se cuidó 
                                      -al menos hasta ahora- de hacer ningún 
                                      gesto público en defensa del grupo 
                                      empresario de su país.
                                    El jueves pasado la decisión 
                                      de vender fue aprobada por Air Comet, accionista 
                                      mayoritario de Interinvest, propietaria 
                                      a su vez de las acciones de Aerolíneas/Austral. 
                                      No concurrieron Iberia y American Airlines, 
                                      accionistas minoritarios.
                                    El empresario español 
                                      fue el designado por Marsans para defender 
                                      el caso Aerolíneas Argentinas en 
                                      el Congreso, y sostiene que la ley que se 
                                      aprobó allí «no excluye 
                                      lo pactado en el acta-acuerdo con el gobierno; 
                                      dice que el precio a pagar será el 
                                      que indique el Tribunal de Cuentas (que 
                                      delegó esa tarea en los expertos 
                                      de la UBA), pero eso no quiere decir que 
                                      el Tribunal sea el único que intervenga 
                                      en esa valuación».
                                    Agrega: «No queremos 
                                      discutir el precio con el gobierno; por 
                                      eso el acta-acuerdo prevé la designación 
                                      de dos evaluadores: nosotros nombramos al 
                                      Credit Suisse -que lo hará a través 
                                      de su casa matriz y de su sucursal Chicago, 
                                      experta en aviación- y el gobierno 
                                      al Tribunal de Cuentas».
                                      
                                      Diferencia
                                    En lo que parece ser un 
                                      cambio de estrategia, el ejecutivo esboza 
                                      una diferencia entre la actitud del gobierno 
                                      («desde que se firmó el acta-acuerdo 
                                      no nos han atacado más con acusaciones 
                                      sobre fraudes, desviaciones de fondos, etc.») 
                                      y la del gremio de los pilotos (APLA), al 
                                      que acusa de ser el causante único 
                                      de la crisis en la que cayó Aerolíneas 
                                      Argentinas.
                                    «Fíjese», 
                                      dice Muñoz exhibiendo dos facturas: 
                                      «El hotel Auditorium, vecino al aeropuerto 
                                      de Barajas en Madrid, es al que enviamos 
                                      (nosotros, igual que casi todas las aéreas 
                                      que operan allí) a los pasajeros 
                                      que sufren atrasos de vuelos;en agosto de 
                                      este año nos facturaron 300 pasajeros, 
                                      a un promedio de cien euros diarios. En 
                                      agosto del año pasado fueron 6.700, 
                                      o sea, cerca de un millón de dólares 
                                      de déficit sólo por ese concepto... 
                                      ¿Qué cambió en un año? 
                                      Nada más que la disposición 
                                      de los comandantes a volar los aviones...».
                                    A pesar de las denuncias 
                                      gremialesde «sobreventas» y 
                                      de falta de aeronaves como causantes de 
                                      los monumentales atrasos que llevaron a 
                                      Aerolíneas a una crisis casi terminal, 
                                      lo cierto es que con la misma flota (hoy 
                                      Aerolíneas/Austral tienen 41 aviones 
                                      operativos, un número similar al 
                                      que tenía cuando el gobierno la intervino) 
                                      el coeficiente de puntualidad se acerca 
                                      a 95%.
                                    «Los pilotos quieren 
                                      manejar la empresa; cuando el Estado tome 
                                      la propiedad, podrían repetirse las 
                                      medidas de fuerza como forma de demostrarle 
                                      al gobierno que son ellos los únicos 
                                      que pueden manejar Aerolíneas y Austral», 
                                      dice Muñoz.
                                    En tanto, Enrique Brouchou 
                                      -abogado de Marsans- adelantó que 
                                      están estudiando «iniciar acciones 
                                      penales, por el delito de estafa procesal, 
                                      contra el grupo de la Unión Cívica 
                                      Radical que denunció a Marsans sobre 
                                      la base de una pregunta que le hace el Tribunal 
                                      de Cuentas de España a la SEPI (el 
                                      organismo oficial español que le 
                                      entregó Aerolíneas a Marsans 
                                      con un subsidio de u$s 743 millones para 
                                      saldar pasivos).