05/09/2008
Diario de Cuyo - San Juan - Nota - Opinión
- Pág.20
EDITORIAL
Reestatización
de Aerolíneas
Finalmente el Senado de
la Nación sancionó la polémica
ley que autoriza al Poder Ejecutivo a proceder
a la "nacionalización"
de Aerolíneas Argentinas y sus empresas
controladas, Austral, Jet-paq, Optar y Aero
Handling, operadas por el grupo español
Interinvest-Marsans.
La controvertida norma,
cuyo texto ya tuvo correcciones en Diputados,
autoriza al Estado la compra de las acciones
de las citadas compañías,
aunque en ningún párrafo se
señala el monto de la operación,
ni quién se hará cargo de
una deuda que en principio ha sido establecida
en unos 890 millones de dólares.
La estatización
legislada, en realidad es una expropiación
o una cuasi expropiación, si nos
remitimos a los términos de un contrato
de compra y venta establecido en la ley.
El precio de la compañía será
establecido por el Tribunal de Tasaciones,
para ser aprobado después por el
Congreso. Pero como Marsans no tiene ni
voz ni voto en esta instancia, aunque si
podrá presentar su tasación
ante el Tribunal de Tasaciones, la alternativa
que le quedaría a los españoles
es aceptar los valores estimados por este
procedimiento. Habrá que descontar
el pasivo y otras obliagciones pendientes
del grupo Marsans y si no se llegara a un
acuerdo quedará expedita la vía
para otro planteo contra la Argentina en
el seno del CIADI, el tribunal internacional
del Banco Mundial donde se dirimen las expropiaciones
no resueltas.
Como si fuera poco, la
ley incluye al acta firmada por el secretario
de Transportes, Ricardo Jaime y los directivos
de Marsans, que generó airadas críticas
en las audiencias públicas celebradas
en la Cámara alta. Se suman las acusaciones
de la "connivencia" del citado
funcionario con los empresarios españoles
que vaciaron la compañía de
bandera y tampoco encajan en este contexto
las palabras de Jaime cuando enfáticamente
dijo en las comisiones del Senado que en
la transacción el Estado "no
pondrá un solo peso". Pero ya
se han transferido más de 280 millones
para que la línea de bandera siga
funcionando.
El júbilo sindical
y del oficialismo por la sanción
de una ley defendida por el Gobierno por
la necesidad de mantener un servicio público,
deja serios interrogantes, tanto por la
réplica de los españoles como
por el futuro de Aerolíneas y Austral.
Nada se dice si será el propio Estado
el que asumirá la explotación
o si se privatizará totalmente o
se convertirá en una empresa mixta
en el futuro -el modelo aplicado en Aguas
Argentinas-, o si será para otro
sector privado cercano al Gobierno.
