21/09/2008 
                                      La Nación - Nota - Política 
                                      - Pág.11
                                      Aerolíneas: 
                                      advertencia de Marsans a De Vido
                                      La firma española sostiene que podría 
                                      retomar el control
                                    Por Adrián Ventura
                                      De la Redacción de LA NACION
                                    
                                      La relación entre Marsans y el gobierno 
                                      argentino, que decidió comprar compulsivamente 
                                      Aerolíneas Argentinas, atraviesa 
                                      uno de sus momentos de mayor tensión: 
                                      el grupo español teme que el Estado 
                                      quiera dejar caer el acta acuerdo firmada 
                                      hace dos meses y, por eso, el viernes envió 
                                      una carta al ministro de Planificación, 
                                      Julio De Vido, en la que se queja de los 
                                      obstáculos que se pone para hacer 
                                      la valuación de la compañía.
                                    En Marsans, según confiaron a LA 
                                      NACION altas fuentes de la negociación 
                                      cercanas a los ejecutivos Vicente Muñoz 
                                      y Eduardo Aranda, sospechan que el Gobierno 
                                      intentará desconocer el acuerdo que 
                                      fija una doble tasación de la empresa 
                                      y una eventual tercera, independiente, en 
                                      caso de disidencias. Si eso ocurriera, la 
                                      única valuación sería 
                                      la que hiciera el Tribunal de Tasaciones, 
                                      como estableció una ley votada en 
                                      agosto.
                                    "Marsans evalúa el camino por 
                                      seguir. Pero si el Estado hace caer el acta 
                                      acuerdo, también cae el fundamento 
                                      que tiene el Estado para cogestionar Aerolíneas 
                                      junto con Marsans. Entonces, podríamos 
                                      pedir que Marsans retomara en forma exclusiva 
                                      el control de Aerolíneas", aseguró 
                                      una fuente del grupo español.
                                    Si se cayera el fundamento de la cogestión, 
                                      sólo quedarían dos alternativas: 
                                      o administra Marsans -que jurídicamente 
                                      sigue siendo titular de Aerolíneas 
                                      porque el Estado todavía no pagó 
                                      el precio ni expropió- o el Estado 
                                      dicta una ley expropiatoria.
                                    La ley que votó el Congreso establece 
                                      que el Estado "rescatará por 
                                      compra" la empresa y que el precio 
                                      lo fijará el Tribunal de Tasaciones. 
                                      Pero la ley no anuló el acta acuerdo 
                                      que establece la triple valuación 
                                      (el Tribunal de Tasaciones, el Crédit 
                                      Suisse -por Marsans- y otro, imparicial, 
                                      si no hubiera acuerdo).
                                    La carta que lleva las firmas de Muñoz 
                                      y de Aranda fue enviada con copia a Ricardo 
                                      Jaime, secretario de Transporte, y al embajador 
                                      de España en la Argentina, Rafael 
                                      Estrella.
                                    Esta semana, Muñoz se reunió 
                                      en Madrid con el ministro de Industria de 
                                      España, Miguel Sebastián, 
                                      y no se descarta que el gobierno de José 
                                      Luis Rodríguez Zapatero plantee el 
                                      tema ante la presidenta Cristina Kirchner, 
                                      con quien se verá en Nueva York esta 
                                      semana.
                                    Queja escrita
                                      La nota enviada a De Vido, con la firma 
                                      de Aranda, recuerda que Marsans y el Estado, 
                                      en el acta acuerdo del 17 de julio, pactaron 
                                      el sistema de triple tasación.
                                    Marsans dice que, por su parte, permitió 
                                      el ingreso de decenas de representantes 
                                      de la Sindicatura General de la Nación 
                                      (Sigen), la Auditoría General de 
                                      la Nación (AGN) y el Ministerio de 
                                      Planificación, y que trabajó 
                                      en la preparación de los estados 
                                      contables y mantuvo reuniones con el Crédit 
                                      Suisse y el Tribunal de Tasaciones.
                                    En la carta, se acusa a Julio Alak, representante 
                                      del Estado en Aerolíneas, de obstruir 
                                      la valuación de la empresa y se reitera 
                                      un pedido de reunión a De Vido.
                                    A Alak la empresa lo acusa de lo siguiente:
                                    
                                      No colaborar para elaborar el plan de negocios 
                                      de la empresa, esencial para su tasación. 
                                      Mientras Marsans -según la nota- 
                                      presentó el suyo en una reunión 
                                      de gerentes del Consejo de Transición, 
                                      Alak faltó sin aviso a la reunión 
                                      en la que se trató el tema, tras 
                                      lo cual llamó al Crédit Suisse 
                                      Nueva York para decirle que impugnaba el 
                                      plan. No aceptó dar ninguna explicación 
                                      ni dijo cuáles eran los aspectos 
                                      que impugnaba.
                                    
                                      El auditor del Estado también se 
                                      queja. En la última reunión 
                                      de directorio, el miembro de la Comisión 
                                      Fiscalizadora designado por el Estado, Carlos 
                                      Vidal, manifestó su imposibilidad 
                                      de aprobar el balance por haber recibido 
                                      la información apenas la tarde anterior 
                                      de la reunión en la que se trató 
                                      el tema.
                                    La ley aprobada por el Congreso no solucionó 
                                      el problema de las tasaciones, porque no 
                                      anuló el acta acuerdo -muchos legisladores 
                                      oficialistas y de la oposición creen 
                                      que sigue vigente- y tampoco decidió 
                                      expropiar.
                                    Reclamo internacional
                                      Así, ahora, Marsans tiene una base 
                                      para reclamar que el Estado debe colaborar 
                                      para fijar el plan de negocios de la empresa 
                                      y, sobre esa base, llegar a un precio de 
                                      la empresa.
                                    Hay también una discusión 
                                      sobre el patrimonio de la empresa y sobre 
                                      cuáles son sus deudas. Y mientras 
                                      el Estado pretende pagar cerca de cero pesos, 
                                      Marsans pretendería un monto bastante 
                                      elevado (algunos hablan de 450 millones 
                                      de euros).
                                    Como sea, Marsans pretende dar pelea y 
                                      sabe que no tiene chances de manejar la 
                                      empresa con los sindicatos en contra, pero 
                                      si el Estado da el próximo paso -que 
                                      podría ser el de expropiar- le quedaría 
                                      habilitada la vía para un reclamo 
                                      internacional.
                                    Cuestión de precio
                                    El directivo de Marsans Vicente Muñoz 
                                      es uno de los que manejan la discusión 
                                      con el Gobierno por el precio de la compañía 
                                      que comprará el Estado.
                                    
                                      En una dura carta al Gobierno, el grupo 
                                      español sugiere que, si no hay acuerdo, 
                                      está dispuesto a retomar el control 
                                      absoluto de la aerolínea.